17.09.2026 / A LA ESPERA DE TRATAMIENTO
Malvinas: ingresó al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con nuevas sanciones
El proyecto amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales, refuerza las herramientas estatales sobre el Atlántico Sur y Malvinas y propone crear un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.
Después de semanas de expectativa, finalmente el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que ubica a la cuestión Malvinas en el eje de la discusión y propone nuevas herramientas para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales, además de modificar el esquema de Defensa y crear un Sistema de Seguridad Nacional.
En los fundamentos, el Ejecutivo presenta la iniciativa como una “materialización concreta” del mandato constitucional de recuperar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto recuerda que la Constitución establece ese objetivo como “permanente e irrenunciable” y sostiene que el reclamo debe sostenerse por vías pacíficas, diplomáticas y jurídicas.
La propuesta parte de la Ley 26.659, que actualmente establece restricciones y sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. El Gobierno plantea ampliar ese sistema para que alcance a toda actividad no habilitada vinculada con el aprovechamiento de recursos naturales, sean renovables o no renovables, de modo que el régimen no quede limitado al sector de hidrocarburos.
Qué cambia para las empresas
El proyecto establece que la realización de esas actividades sin autorización argentina podrá derivar en multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones por un período determinado. Pero las consecuencias no quedarían limitadas a la actividad específica: la inhabilitación también podría impedir que los infractores desarrollen actividades económicas en el territorio nacional.
A esto se suma la posibilidad de revocar habilitaciones, disponer el cese de exenciones o facilidades impositivas y previsionales y resolver contratos vinculados con el infractor cuando se ejecuten en la Argentina o tengan por objeto bienes ubicados en el país.
Asimismo, el texto incorpora penas más severas de prisión, multa e inhabilitación para quienes realicen prospección o exploración de recursos no renovables sin autorización en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o de la Plataforma Continental Argentina.
Nuevo Sistema de Seguridad Nacional
Otro de los ejes es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional. El organismo estará presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado y el titular de la Secretaría Legal y Técnica.
Su principal función será trabajar en una Política de Seguridad Nacional obligatoria y transversal para los organismos que formen parte del sistema. La propuesta busca coordinar áreas diplomáticas, económicas, cibernéticas, de Defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con las vinculadas a la protección de las Infraestructuras Críticas y la soberanía nacional.
Cambios en Defensa
El proyecto incorpora además un régimen específico para identificar y proteger Infraestructuras Críticas, tanto públicas como privadas, consideradas indispensables para servicios esenciales relacionados con la sociedad, la salud, la seguridad, la Defensa, la economía o el funcionamiento del Estado. El Consejo deberá elaborar una estrategia y un plan nacional para su protección.
En paralelo, se modifica la Ley de Defensa Nacional 23.554 para ampliar la definición de los escenarios que deberá contemplar el sistema de Defensa. La iniciativa incluye riesgos, amenazas y desafíos externos de origen estatal o no estatal, “sean cinéticos o no cinéticos”, y establece que las Fuerzas Armadas deberán prepararse para operaciones convencionales y no convencionales, además de contemplar su participación en la protección de las Infraestructuras Críticas que sean identificadas por el nuevo Consejo.
Además, crea una nueva infracción administrativa para actos u operaciones que afecten o amenacen la Seguridad Nacional cuando exista intervención de Estados u organizaciones extranjeras, o de personas o empresas que actúen por cuenta, orden, bajo control, con financiamiento o en beneficio de esos actores.
Entre las conductas contempladas figuran las destinadas a atentar contra la integridad territorial, interferir clandestinamente o mediante coerción en las decisiones de las autoridades y afectar Infraestructuras Críticas.
Las sanciones previstas para esas conductas incluyen multas, revocación de autorizaciones, permisos, habilitaciones y concesiones, inhabilitación para contratar con el Estado y pérdida de créditos, garantías, beneficios fiscales, subsidios u otros mecanismos de financiamiento estatal. Además, el proyecto habilita medidas urgentes y excepcionales ante riesgos o amenazas graves e inminentes para la Seguridad Nacional, con una duración determinada o sujeta a una condición objetiva de finalización.
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