17.09.2026 / Universidad pública
Fracasó la paritaria universitaria: sigue el desacato a la Ley de Financiamiento y se viene la quinta marcha nacional
El Gobierno repitió una oferta del 3% para septiembre y 3% para octubre, rechazada por todos los gremios, que reclaman además la recomposición del 32,5% perdido y aprobado por la ley judicializada. Docentes y no docentes ya diagraman medidas de fuerza, en medio de un Presupuesto 2027 que asigna a las universidades un 33% menos de lo que piden los rectores.
La audiencia paritaria de este jueves en el Palacio Pizzurno terminó como la anterior: sin acuerdo. La Secretaría de Educación volvió a poner sobre la mesa la misma propuesta que había presentado a comienzos de mes -un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre- y todas las agrupaciones docentes volvieron a rechazarla.
Los sindicatos reclaman, además de esos incrementos, la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la gestión de Javier Milei, monto que consideran comprendido dentro de lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario. "El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas", advirtió una de las partes al salir de la reunión con autoridades del Ministerio de Capital Humano.
Por la tarde estaba previsto un segundo encuentro con los gremios no docentes. Al término de esa audiencia, ambos sectores acordaron reunirse para empezar a diagramar el plan de acción.
Rumbo a la quinta marcha federal
La alternativa que gana fuerza es la convocatoria a una nueva marcha nacional en defensa de las universidades públicas. Sería la quinta desde que Milei asumió y la segunda en lo que va del año, después de la movilización del primer semestre que antecedió a las semanas de paro resueltas por las federaciones docentes.
El antecedente pesa: las marchas federales universitarias de 2024 fueron dos de las movilizaciones más masivas del ciclo y la segunda de ellas se produjo luego del veto presidencial a la primera Ley de Financiamiento Universitario, decisión que la Cámara de Diputados terminó convalidando.
El núcleo del conflicto: una ley que el Ejecutivo no aplica
El reclamo salarial se superpone con un conflicto judicial que lleva meses sin resolverse. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo todavía no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que hay una medida cautelar vigente que se lo ordena.
La cronología es elocuente: el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó en diciembre que el Gobierno cumpla esos artículos; la Corte Suprema confirmó la vigencia de la cautelar el 25 de junio; y el 1° de septiembre el mismo juez rechazó el pedido oficial para dejarla sin efecto.
Aun así, los rectores denuncian que los escritos presentados por los abogados del Estado dilatan los pagos. El CIN impulsa además una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley pero suspendió su ejecución, argumentando que no había recursos asignados ni fuente de financiamiento definida. Las universidades pidieron que se apliquen multas a los funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia.
"Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes", planteó el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci.
El Gobierno, por su parte, cuestiona las cifras reclamadas y sostiene que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada judicialmente: afirma que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.
El Presupuesto 2027, el otro frente
La discusión paritaria se da en paralelo al debate presupuestario. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales universitarios. Según las autoridades de las 60 casas de estudio, cerca del 90% de esos recursos corresponde a salarios docentes y no docentes.
Desde el Gobierno señalan que el Presupuesto contempla la medida cautelar y una inflación proyectada del 18%, dentro de un ítem denominado "refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos", y aseguran que el funcionamiento de las universidades estará garantizado el año próximo, con un aumento del 20% para gastos de funcionamiento. El desacuerdo, sostienen, es fundamentalmente salarial.
Un ajuste con menos licencia social
A diferencia de etapas anteriores, el oficialismo enfrenta este conflicto sin el mismo margen político. La universidad pública y el sector de Discapacidad -donde el Gobierno también acumula tensiones, incluso con aliados propios- son dos de los frentes con mayor adhesión social del ajuste.
La reinstalación del tema en la agenda quedó expuesta cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió salir a negar que las políticas oficiales sean insensibles. Desde el entorno presidencial, en cambio, insisten en que el rumbo no cambiará: "Si quieren más partidas, deberán decir a qué otros sectores les vamos a sacar. No tenemos problema", transmiten.
Mientras tanto, entre los principales integrantes del CIN empieza a evaluarse la posibilidad de advertir que el inicio del ciclo lectivo 2027 corre peligro, un planteo que podría ingresar en las negociaciones de los gobernadores con el Gobierno dada la territorialidad federal de las más de 50 universidades nacionales. Los rectores ya presentaron su propuesta presupuestaria en el Congreso, donde deberá discutirse el Presupuesto 2027. La quinta marcha, si se confirma, llegará en pleno debate parlamentario.
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