Este martes desde las 15:30 la Cámara baja reanuda la discusión por la
Ley de Defensa de la Soberanía luego de los incidentes de la última sesión entre Juan Grabois y el bloque libertario, que estará atravesada por la tensión que dejó el reciente fallo de la Corte Suprema, el cual, dejó firme
la derogación de la Ley de Tierras y habilitó nuevamente la venta sin límites de campos a extranjeros.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto tendrá una jornada informativa con especialistas de distintas bancadas. Entre los expositores estarán el exministro Daniel Filmus, la titular del CELS Paula Litvachky, integrantes del CECIM, académicos de la UBA y especialistas en defensa, Malvinas y seguridad.
En qué consiste la ampliación de la Ley
El proyecto oficial propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen más amplio para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, con penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitación para operar en el país, un registro público de infractores y la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia.
A la discusión se suma uno de los puntos de mayor alcance institucional de la iniciativa:
la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con participación de distintas áreas del Gobierno y facultades para intervenir ante amenazas consideradas graves e inminentes. El organismo podría disponer bloqueos de fondos, restricciones financieras y comerciales y suspensiones de autorizaciones y contrataciones.
El texto también amplía las herramientas vinculadas con la seguridad y la defensa. Contempla, como último recurso y bajo un protocolo específico, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, además de habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior frente a determinadas amenazas externas, incluso cuando no sean de origen estatal.
Asimismo, la iniciativa incorpora restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas y nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación masiva, violencia y sabotaje. También incorpora por ley el RePET, que permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones económicas de personas y entidades vinculadas con el terrorismo o su financiamiento.