08.10.2026 / Gobierno libertario
"Fantasía revolucionaria": ataque del Gobierno a estudiantes por reclamar una ley vigente que la Justicia ordenó aplicar
Tras la toma de la Secretaría de Educación, Capital Humano anunció una denuncia y calificó la protesta de acción política. El episodio ocurrió un día después de que un juez federal declarara inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo frenó la Ley de Financiamiento Universitario.
Luego de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara el miércoles por la tarde al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, entre otros puntos, el Gobierno de Javier Milei reaccionó de manera inmediata, primero, a través del Ministerio de Capital Humano, que repudió la protesta, sostuvo que "por la fuerza, nada" y adelantó que presentará una denuncia contra los manifestantes.
Pero luego, en la mañana de este jueves, la Subsecretaría de Políticas Universitarias endureció el ton: según su versión, los estudiantes pidieron hablar, saltaron el molinete, golpearon a la policía de consigna, rompieron una puerta de vidrio y llegaron hasta el hall.
El Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Galleguito" Álvarez, la calificó de "asalto a un edificio público" y de protesta política, y afirmó que "los estudiantes están en su casa, estudiando o trabajando".
No conforme, elevó el tono de su violencia simbólica con escasa capacidad de argumentación y sostuvo que los manifestantes "viven en una fantasía revolucionaria" y que pretenden "generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno". Como intento de evidencia, citó una convocatoria en redes a "iniciar un París en Buenos Aires", en alusión a las movilizaciones de estudiantes secundarios en Francia.
Un reclamo con respaldo judicial
El Gobierno enmarca el hecho como una cuestión de orden público, pero el reclamo de fondo tiene sustento en dos poderes del Estado. La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025. El Ejecutivo la vetó en su totalidad y el Congreso insistió con mayorías agravadas. Luego el Gobierno la promulgó mediante el decreto 759/2025, pero condicionó su ejecución a que se definieran fuentes de financiamiento y se incluyeran partidas en el Presupuesto.
El martes 6 de octubre, un día antes de la toma, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional ese apartado del decreto y ordenó el cumplimiento inmediato de la ley. Según el magistrado, el mecanismo usado "no supera un test mínimo de razonabilidad" y funcionó como un "veto encubierto". Además, sostuvo que la propia ley prevé en su artículo 9° cómo financiarse, con lo que rechazó el argumento central del Ejecutivo.
El fallo se suma a otros antecedentes. En diciembre de 2025, Cormick ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas. La Corte Suprema confirmó la vigencia de esa cautelar en junio, y el 1° de septiembre el juez rechazó el pedido oficial para levantarla. El 30 de septiembre reconoció solo un cumplimiento parcial y volvió a intimar al Gobierno, con la advertencia de que podrá aplicar astreintes.
La estrategia: apelar
Ante el nuevo fallo, el Gobierno confirmó que apelará. Sostiene que viene cumpliendo con parte de los reclamos y que la cautelar ya fue acatada, algo que la Justicia hasta ahora no convalidó. Para las universidades y los gremios, la sucesión de apelaciones apunta a dilatar el cumplimiento de una ley vigente.
La confrontación con el movimiento estudiantil tiene antecedentes. En 2024, tras el veto a la primera ley de financiamiento, el Gobierno ya había sostenido que "tomar una universidad es un delito". En mayo de este año, el área universitaria declaró "inaplicable" la ley y calificó de "persecución ideológica" las denuncias de las universidades. A comienzos de octubre se sumaron tomas en colegios de la UBA, donde familias de estudiantes responsabilizaron al Ejecutivo por forzar "medidas extremas" al no aplicar una ley sancionada y ratificada por la Justicia.
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