22.10.2026 / NOVEDADES

Juicio por YPF: el Gobierno pidió 30 días más para responder ante la Corte Suprema de EEUU

La defensa argentina busca ganar tiempo para contestar el recurso de Burford Capital. El máximo tribunal estadounidense todavía debe decidir si revisa el fallo que anuló la condena millonaria contra el país.



 

El Gobierno solicitó una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para responder al pedido de revisión presentado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF, en una nueva instancia de una disputa que continúa abierta pese al fallo favorable a la Argentina. La presentación fue realizada el miércoles 21 de octubre y busca extender el plazo hasta el 2 de diciembre.

El pedido se produjo después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara sin efecto la condena que obligaba al país a pagar US$16.100 millones, monto que superaba los US$18.000 millones al incluir los intereses. La magistrada acató así la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que había revocado la sentencia original. Sin embargo, Burford y los demás demandantes recurrieron a la Corte Suprema para intentar revertir ese resultado.

Cabe destacar que los demandantes también habían recibido una extensión para preparar su presentación, ingresada el 30 de septiembre y publicada el 2 de octubre. Se trata de procedimientos judiciales habituales en Estados Unidos, por lo que el pedido argentino no constituye una instancia excepcional.

El litigio se originó tras la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los antiguos accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park cuestionaron que el Estado no realizara una oferta pública de adquisición por sus acciones al tomar el control de la petrolera.

El fondo Burford Capital compró los derechos a cobrar una eventual indemnización a las empresas que habían iniciado la demanda contra la Argentina por la expropiación de YPF. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó al país a pagar US$16.100 millones, pero esa sentencia fue revocada posteriormente por una corte de apelaciones.

Ahora, la Corte Suprema debe resolver primero si acepta intervenir en el expediente. Si rechaza el recurso, se mantendrá la anulación de la condena por US$16.100 millones. De admitirlo, se abrirá una nueva etapa de revisión judicial, aunque eso no implicará restablecer automáticamente la indemnización.