27.10.2026 / MALVINAS
Los obstáculos del Gobierno para aprobar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El oficialismo busca avanzar con el proyecto en Diputados, pero las diferencias con sus aliados y la falta de acuerdos ponen en riesgo el dictamen. La agenda legislativa y la prioridad del Presupuesto 2027 también complican los plazos.
El oficialismo se encuentra complicado para avanzar con la ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, puesto que todavía no consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen y persisten diferencias con el PRO y la UCR, que cuestionan varios artículos de la iniciativa. El Gobierno se resiste a introducir nuevos cambios y el plenario de comisiones previsto para este martes podría volver a postergarse.
Entre los principales desacuerdos figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional sin representación de la oposición, además de la superposición de funciones entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad para proteger infraestructuras críticas. Aunque el oficialismo aceptó modificar un artículo que contemplaba penas por campañas de desinformación, los demás planteos siguen sin resolverse. A esto se suma un calendario ajustado, atravesado por la discusión del Presupuesto 2027 y otras prioridades legislativas que podrían relegar el proyecto.
La iniciativa también enfrenta dificultades para encontrar una fecha de sesión. La visita del papa León XIV, los feriados de noviembre y las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, complican la organización de la actividad parlamentaria. En ese escenario, el Gobierno podría volver a postergar el tratamiento de una ley que considera estratégica, pero para la que todavía no logró reunir el respaldo necesario.
En qué consiste el proyecto
La propuesta reemplaza la legislación vigente sobre explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, amplía las prohibiciones y establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten esos recursos sin autorización argentina.
También crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con facultades de coordinación entre áreas del Estado y de intervención ante amenazas graves, que incluyen restricciones financieras y comerciales.
Además, habilita el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso, incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la ley y prohíbe aportes extranjeros a partidos y campañas políticas bajo determinadas condiciones.
Entre otros de sus puntos clave, se encuentra el que amplía la intervención de la Defensa Nacional ante amenazas externas y contempla medidas contra personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.
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