22.10.2026 / DISCAPACIDAD
El gobierno tuvo que dar marcha atrás: se aprobó con dos tercios la nueva ley de Discapacidad
La Libertad Avanza consiguió la media sanción de su proyecto con 237 votos a favor, pero debió aceptar modificaciones reclamadas por bloques opositores para garantizar su aprobación. El oficialismo incorporó garantías de financiamiento, limitó facultades del Ejecutivo y estableció plazos para cancelar deudas con prestadores. La iniciativa pasó al Senado.
El Gobierno sufrió un fuerte revés político en la Cámara de Diputados: para conseguir la aprobación de su nueva ley de Discapacidad, La Libertad Avanza tuvo que dar marcha atrás y aceptar las modificaciones que durante las negociaciones reclamaron distintos sectores de la oposición. Con el texto reformulado, la iniciativa terminó recibiendo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones y pasó al Senado.
El giro quedó explicitado durante el propio debate. Luego de que el diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad enumerara las modificaciones que reclamaban los bloques que negociaban con el oficialismo, el presidente de la Comisión de Discapacidad, el libertario Gerardo Huesen, anunció que La Libertad Avanza aceptaría los planteos. "Vamos a aceptar todas las modificaciones", dijo Huesen en el recinto.
La decisión destrabó la votación y permitió que una parte mayoritaria de la oposición, incluido Unión por la Patria, acompañara finalmente la iniciativa. De esta manera, el Gobierno consiguió que se aprobara formalmente el proyecto impulsado por el oficialismo, pero sobre la base de un texto sustancialmente modificado durante las negociaciones con los bloques opositores.
La oposición había obligado al Gobierno a discutir discapacidad
La discusión no había comenzado por iniciativa de la Casa Rosada. La oposición había presentado un proyecto para prorrogar hasta diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad y consiguió emplazar a las comisiones para forzar su tratamiento. La iniciativa fue encabezada por Juan Marino, de Unión por la Patria, y contó con firmas de diputados de Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, entre otros espacios.
Ante esa presión, La Libertad Avanza modificó su estrategia. En lugar de limitarse a rechazar la prórroga de la emergencia, presentó una iniciativa propia que mantuvo varios de sus puntos centrales, aunque eliminó el carácter de "emergencia" y buscó establecer un régimen permanente. Ese primer movimiento ya implicó retroceder respecto de los cambios que el Poder Ejecutivo había incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027.
El texto oficialista mantuvo, entre otros puntos, la actualización mensual por inflación de las prestaciones, la pensión no contributiva por discapacidad y la posibilidad de compatibilizarla con un empleo registrado dentro de determinados límites. También preservó el esquema universal del nomenclador de prestaciones.
Pero eso tampoco alcanzó para garantizar los votos.
Las concesiones que tuvo que hacer el oficialismo
Durante las negociaciones previas a la sesión y hasta último momento en el recinto, los bloques opositores y provinciales condicionaron su acompañamiento a una serie de cambios. La Libertad Avanza terminó aceptándolos para alcanzar el acuerdo.
Uno de los principales reclamos fue garantizar expresamente el financiamiento. El texto incorporó partidas para sostener el sistema y estableció que las leyes de Presupuesto deberán contemplar recursos suficientes para garantizar su continuidad, con un piso que no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio anterior.
También se modificó otro punto cuestionado: el proyecto original dejaba en manos de la reglamentación del Poder Ejecutivo la determinación de requisitos para acceder a las pensiones. Tras la negociación, esas condiciones quedaron establecidas directamente en la ley, reduciendo el margen de discrecionalidad del Gobierno.
Además, se garantizó la continuidad de la cobertura de salud para los beneficiarios de pensiones por discapacidad o invalidez laboral y se establecieron plazos concretos para cancelar las deudas acumuladas con los prestadores. El cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma y las deudas deberán cancelarse dentro de los 90 días.
Las modificaciones terminaron llevando el proyecto oficialista mucho más cerca de las demandas que habían planteado la oposición y las organizaciones del sector. Según informó Clarín, Herrera Ahuad había advertido que su bloque no acompañaría si no se aceptaban los cambios reclamados.
El Gobierno reivindicó el acuerdo y la oposición marcó la marcha atrás
La disputa continuó después del acuerdo, pero trasladada al terreno político. La Libertad Avanza reivindicó haber conseguido aprobar su propio proyecto y reemplazar la emergencia por un régimen permanente. "La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal", sostuvo la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado durante la sesión.
Desde la oposición, en cambio, pusieron el foco en las sucesivas concesiones que debió realizar el oficialismo para conseguir los votos. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó el resultado como consecuencia de la presión opositora y de las organizaciones vinculadas a la discapacidad.
El resultado dejó así una situación política particular: La Libertad Avanza consiguió que el proyecto aprobado llevara la arquitectura general de su propuesta y evitó prorrogar formalmente la emergencia, pero para reunir una mayoría superior a los dos tercios tuvo que aceptar prácticamente todos los cambios exigidos durante la negociación.
La nueva normativa obtuvo finalmente 237 votos afirmativos, frente a apenas 9 negativos y 4 abstenciones. Ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
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