29.10.2026 / Polémico
La Gendarmería de Bullrich y Monteoliva no pudo determinar si los audios de Spagnuolo son verdaderos
El peritaje hecho por el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva con comando de Patricia Bullrich, asegura haber detectado cortes e irregularidades en las grabaciones vinculadas con la causa ANDIS, pero no pudo confirmar falsedad ni autenticidad. El expediente investiga los presuntos sobornos que salpican a Javier y Karina Milei.
La Gendarmería Nacional no pudo determinar si son auténticos los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que dieron origen a una investigación por presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la compra de medicamentos que llegó incluso a mencionar con nombre y apellido a Javier Milei y a su hermana Karina, con el famoso "3 por ciento" que la funcionaria se quedaría.
El informe técnico de la fuerza de seguridad del gobierno de Milei detectó cortes, indicios de regrabación e inconsistencias acústicas, pero no concluyó que las grabaciones fueran falsas ni logró atribuir las voces a las personas imputadas.
El resultado adquiere una dimensión política adicional porque el análisis estuvo a cargo de una fuerza de seguridad que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, quien sucedió a Patricia Bullrich en diciembre de 2025. Es decir, el organismo que produjo el informe forma parte de la estructura estatal del mismo Gobierno cuya actuación está bajo cuestionamiento en la causa.
Ese vínculo institucional no demuestra por sí mismo que la pericia esté sesgada ni invalida sus conclusiones: el estudio fue ordenado por la Justicia federal y participaron peritos de las partes. Pero sí vuelve relevante examinar con precisión qué determinó el informe, cuáles fueron sus limitaciones y qué elementos faltan para esclarecer las denuncias.
Una pericia sin una conclusión definitiva sobre los audios
El informe de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería identificó discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas que podrían ser compatibles con cortes, ediciones o intervenciones posteriores a la grabación original. También consignó rasgos compatibles con una regrabación y advirtió que no podía descartarse el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
Otro punto central fue la ruptura de la cadena de custodia antes de que los archivos llegaran a la instancia pericial. Ese procedimiento permite documentar el recorrido de una evidencia y verificar que el material analizado sea el mismo que se obtuvo originalmente, sin modificaciones.
Esas limitaciones impidieron autenticar las grabaciones y establecer de manera concluyente si las voces correspondían a Spagnuolo y a otras personas mencionadas en la investigación. Por eso, el resultado no equivale a una demostración de falsedad: técnicamente, los especialistas no pudieron confirmar su autenticidad ni descartarla.
La distinción es clave frente a las interpretaciones políticas del informe. Que existan anomalías en los archivos no prueba, por sí solo, que todo el contenido haya sido fabricado. Del mismo modo, la imposibilidad de validar las grabaciones impide tratarlas como evidencia técnicamente autenticada a partir de este estudio.
Gendarmería depende del Gobierno, pero la causa sigue en manos de la Justicia
La estructura institucional de la fuerza es un dato concreto: Gendarmería integra el sistema de seguridad federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Monteoliva asumió ese cargo en diciembre de 2025, en continuidad con la orientación que había impulsado Bullrich durante su gestión.
Sin embargo, la pericia fue ordenada en el marco del expediente judicial que tramita bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo. En el procedimiento también intervinieron especialistas designados por las defensas, mientras que el fiscal Franco Picardi convocó peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
La existencia de esas intervenciones no elimina las preguntas sobre las condiciones en que se preservaron los archivos ni resuelve las limitaciones que señaló el informe. Sí obliga a distinguir entre la dependencia administrativa de Gendarmería y el control judicial de la medida pericial, dos dimensiones diferentes que deben considerarse al evaluar el resultado.
Las denuncias de corrupción no se agotan en las grabaciones
Los audios se difundieron después de que Spagnuolo dejara la conducción de la ANDIS. En fragmentos atribuidos al exfuncionario se describía un supuesto circuito de cobro de sobornos relacionado con proveedores y droguerías, con referencias a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. Esas menciones forman parte de las denuncias investigadas y no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal.
La defensa de Spagnuolo había cuestionado la autenticidad del material y planteado la posibilidad de que hubiera sido editado o generado mediante inteligencia artificial. El informe de Gendarmería no permitió resolver definitivamente esa controversia.
La investigación, por lo tanto, continúa abierta. La imposibilidad de autenticar los audios no implica el cierre automático del expediente ni esclarece por sí sola las presuntas irregularidades en el organismo. La Justicia deberá evaluar el alcance de la pericia junto con el resto de las pruebas y determinar qué medidas corresponden para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
En una causa que involucra denuncias de corrupción contra funcionarios y personas vinculadas con el oficialismo, el dato central sigue siendo que el estudio de la fuerza federal no confirmó la autenticidad de las grabaciones, pero tampoco estableció que fueran falsas. La respuesta definitiva no surge de una interpretación política del informe, sino de la valoración judicial del conjunto de las evidencias.
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