13.11.2026 / IRREGULARIDADES

Caso ANDIS: la Fiscalía detectó contradicciones en el peritaje de Gendarmería sobre los audios de Spagnuolo

Especialistas del Ministerio Público Fiscal cuestionaron las conclusiones de la fuerza de seguridad y señalaron contradicciones en el análisis. Advirtieron que quedaron sin realizar estudios para determinar si la voz pertenecía al exfuncionario, si hubo manipulación con inteligencia artificial y qué efecto tuvieron los posibles cortes.





Cinco peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), manifestaron su desacuerdo con el informe de Gendarmería sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Los especialistas cuestionaron tanto la metodología utilizada como la decisión de cerrar el análisis sin realizar otros estudios que, según sostuvieron, podían aportar respuestas sobre las grabaciones.

El dictamen de Gendarmería no concluyó que los audios fueran falsos, como planteó el abogado del exfuncionario, sino que dejó sin determinar si las voces correspondían a Spagnuolo y si existió una eventual manipulación digital. También identificó señales compatibles con cortes o ediciones, pero no estableció si esas modificaciones habían alterado el sentido de las conversaciones. Frente a esas conclusiones, los peritos del MPF señalaron una serie de contradicciones y procedimientos que consideraron pendientes.

Las disidencias de los peritos del MPF

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la decisión de Gendarmería de no realizar un cotejo de voz para determinar si las grabaciones correspondían a Spagnuolo. La fuerza argumentó que el software disponible presentaba limitaciones técnicas, aunque en su propio informe había considerado que 15 archivos tenían calidad suficiente para efectuar la comparación. La DATIP señaló que existían tres métodos de análisis -perceptual, semiautomático y automático- y que el protocolo establecía la utilización de al menos dos.

También marcó una contradicción en el procedimiento: el 2 de septiembre Gendarmería había considerado apto uno de los archivos y gestionado una muestra de voz del exfuncionario, pero dos semanas después descartó el cotejo.

Otro punto de desacuerdo fue la posibilidad de que los audios hubieran sido generados o modificados mediante inteligencia artificial. Gendarmería dejó abierta esa hipótesis, pero en los cinco archivos examinados para ese análisis no encontró anomalías específicas de una voz sintética y describió características propias del habla humana, como pausas, variaciones de entonación, cambios de velocidad y respiraciones.

La DATIP cuestionó que, pese a esos resultados, la fuerza no realizara otras mediciones disponibles para profundizar el estudio. En ese sentido, sostuvo que las limitaciones de un laboratorio no implicaban una imposibilidad técnica general.

Los especialistas también objetaron que Gendarmería identificara posibles cortes y discontinuidades en las grabaciones, pero no analizara si esas ediciones podían modificar el sentido de lo que se escuchaba. Para la DATIP, era necesario establecer si se habían eliminado intervenciones de terceros, seleccionado fragmentos o unido distintos pasajes para alterar el contenido de una conversación. Es decir, detectar señales compatibles con una edición no alcanzaba para determinar qué tipo de modificación se había realizado ni qué consecuencias podía tener sobre el audio.

Las disidencias alcanzaron además a la cadena de custodia del material. Gendarmería había planteado dudas sobre la posibilidad de verificar la continuidad e integridad de los archivos, pero los peritos del MPF consideraron que no correspondía exigirle a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado durante un allanamiento. Según explicaron, el recorrido del pendrive podía reconstruirse desde su presentación en la Fiscalía Federal N° 5, donde se labró el acta correspondiente, y no se habían detectado rastros de manipulaciones posteriores.

Por último, se puso el foco en la forma en que se incorporaron sus observaciones al informe final. Según señalaron, Gendarmería no les permitió incluir sus objeciones en el apartado de conclusiones y debieron presentarlas en un anexo separado. La DATIP concluyó en que todavía había procedimientos disponibles para intentar esclarecer aspectos centrales de los audios que la fuerza dejó sin resolver.