A 105 días del conflicto por los 357 despidos que decidió la administración de Télam que funciona bajo las órdenes de
Hernán Lombardi y al mismo tiempo que incumple que incumple numerosos fallos judiciales que determinaron que la mecánica aplicada en las desvinculaciones fue ilegal, que ordenaron reincorporaciones y la realización de un proceso preventivo de crisis,
la empresa encabezada por Rodolfo Pousá anunció que denunciará a los trabajadores echados por crear un portal informativo alternativo para difundir el conflicto.
"Informamos que las webs "somostelam.com" y el portal "somostelam/portal" hacen uso indebido de la marca ´Télam´ razón por la cual se han iniciado las acciones judiciales pertinentes (sic)", informó la empresa a sus abonados a través de un correo de la Gerencia de Comercialización y Marketing.
Según Pousá y sus lugartenientes -
Ricardo Cárpena, Pablo Ciarliero, Carlos Villoldo y Magdalena Cash-, "la acción anunciada en el comunicado remitido a los abonados
supone la utilización de medios y recursos propios de la Agencia Télam S.E., utilizados desde su propia sede, por un grupo no individualizado de personas que se presenta como sus trabajadores", entre otras denuncias que no acompañó en tal comunicado con prueba alguna.
El 26 de junio, las autoridades de la agencia oficial de noticias anunciaron el despido del 40% de su planta. El feroz recorte dejó secciones enteras sin trabajadores y corresponsalías desiertas en las provincias.
“Hay 108 medidas cautelares favorables a nosotros. No una, ni dos, ni tres. Son 108. Cinco de ellas están resueltas en todas las instancias, y las otras 173 en trámite. Cada uno de los pronunciamientos judiciales determinó que la mecánica aplicada a los despidos de la agencia Télam es ilegal, que todos los trabajadores deben ser reincorporados, que la empresa está obligada a dialogar con nosotros en una mesa institucional en el Ministerio de Trabajo”, explicó Mariano Suárez, delegado de SiPreBA, según publicó Canal Abierto.
A poco de iniciado septiembre, la Justicia intimó al ahora secretario de Trabajo, Jorge Triaca, a informar si ya había sido iniciado el proceso preventivo de crisis, cosa que incumplió. La semana pasada se repitió la intimación, y se volvió a incumplir.
Luego, el juez resolvió imponerle una multa económica de $5.000 por trabajador por cada día que transcurra sin cumplir con la intimación. El paso siguiente es la denuncia penal por la configuración del delito de desobediencia judicial, previsto en el código penal, que tiene una pena de prisión para el funcionario público que viole directamente una orden judicial firme y vigente.
Los trabajadores comenzaron dicha denuncia, y emañana marcharán hacia el exMinisterio de Trabajo para exigir que se cumpla con los fallos de la Justicia.
