02.12.2018 / PRIMERA SANCIÓN JUDICIAL

Procesaron a cuatro militares por las demoras en la búsqueda del submarino ARA San Juan

El Ministerio de Defensa los había designado para que se ocuparan de contratar una empresa que buscara el submarino. Formaron parte de la Comisión Evaluadora e hicieron una adjudicación directa a una firma española que no reunía los requisitos.




El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi imputó a los oficiales de la Armada Pablo Alberto Longhi y Héctor Raúl Horisberger, el capitán de fragata Marcelo Gustavo Dip y el comodoro Rogelio Alfredo García Bastitta; por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El magistrado dictó el procesamiento pero sin prisión preventiva.

Los cuatro militares habían sido asignados por el Ministerio de Defensa para integrar la Comisión Evaluadora que tenía que resolver la contratación de una empresa privada para la búsqueda del ARA San Juan. La misma tenía que contar con los medios técnicos y la experiencia necesaria para encontrar el submarino.

Los primeros días de junio de 2018, ya se había anunciado e impugnado la preadjudicación de la empresa española Igeotest Geosciences SL porque “no contaba con la experiencia y las condiciones para llevar a cabo la tarea”. Entre las objeciones también se señaló que el número societario de la empresa “no coincidía con el número de registro ESB1751190”.

La causa comenzó con la denuncia que presentó la abogada Valeria Laura Carreras el 13 de junio, en representación de los familiares de ocho tripulantes. En la misma pidió que se investigaran “distintas irregularidades” en la contratación directa de una empresa privada que se encargaría de la búsqueda del buque.

A partir de esa denuncia, los cuatro militares fueron indagados el jueves 15 de noviembre, el mismo día en que se cumplía un año de la desaparición del submarino, bajo los cargos de haber “recomendado la adjudicación del servicio de búsqueda a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional.