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El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionaron la decisión de una jueza del fuero nacional penal de dictar una probation y ordenar el cobro de un resarcimiento de 700 pesos a un hombre de nacionalidad colombiana, que había robado un celular.
Los mandatarios del PRO le reclamaron a la jueza Patricia Guichandut, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 62, este fallo y le endosaron otro caso que, según la magistrada, no había pasado por su juzgado.
“Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Larreta afirmó que “la Policía de la Ciudad está dando una pelea a fondo contra los motochorros”, y agregó: “La decisión de la Jueza de liberarlos no ayuda en esta batalla. Al igual que todos los porteños estoy muy indignado porque es fundamental que la Justicia nos acompañe”.
Tras estos tweets, Guichandut sostuvo que la probation dispuesta para el imputado colombiano se basaba en la información que le había brindando la Policía Federal y el Registro Nacional de Reincidencia, en la que no constaban antecedentes. Además, aseguró que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) no notificó al tribunal sobre impedimentos de ingreso y permanencia.
La DNM se presentó horas más tarde para decir que el imputado no había apelado la decisión administrativa de deportación y por lo tanto había quedado firme. A partir de ahí, la jueza ordenó la detención y deportación del ciudadano.
En ese contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado para expresar su “preocupación por las frecuentes imputaciones y cuestionamientos proferidos por funcionarios de la política” a la jueza Patricia Guichandut.
En ese sentido, solicitó “mesura a las figuras públicas en los cuestionamientos fuera de los carriles legales” y subrayó que “un proceder contrario, lejos de contribuir a la institucionalidad, la termina horadando”.
“Aquellos ataques que se difunden a través de los medios periodísticos, fuera de las vías adecuadas y pretendiendo alcanzar en forma generalizada a todos los integrantes de la justicia por igual, persiguen un inmerecido descrédito de la institución como así también de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación en su conjunto”, advirtieron en el texto, firmado por el vicepresidente de la entidad, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Enrique Comellas.
