Mientras que mañana recién será la segunda audiencia ante un plenario de comisiones del Senado sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno,
los jueces que integran la Cámara del Crimen se apuraron a lanzar críticas contra la iniciativa y ya sostuvieron en unanimidad que una iniciativa que evidentemente todavía no es ley ya es "inconstitucional", más a modo declarativo -y amenazante- para la prensa que con otro objetivo práctico.
Los integrantes de la Cámara del Crimen manifestaron sus diferencias con el proyecto de Ley que el presidente
Alberto Fernández envió al Congreso en el que se plantea la reforma del fuero federal con la intención de licuar el poder de los jueces asentados en Comodoro Py, sobre los que hay consenso en que en muchos casos no trabajan como corresponde.
Así, esa Cámara ya fijó posición en contra de la parte de la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones, etcétera) de la Capital. En ese sentido, fijó posición en contra de la reforma mediante un Acuerdo General firmado a distancia por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matias Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.
En una nota, los magistrados -encabezados por Seijas- sostuvieron que el proyecto implica
"el completo desguace y desmantelamiento del centenario fuero". Desde el sector de la Cámara del Crimen sostuvieron que la Reforma Judicial
"omite toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias".
La reforma fue presentada el último miércoles 29 de julio y apunta a apunta a la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de especialistas que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento general. El Senado de la Nación ayer recibió a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y mañana continuará con la segunda audiencia sobre la iniciativa propuesta por el Gobierno, en la que un grupo de especialistas expondrá sus opiniones acerca de las alternativas viables para la reorganización y competencia de la Justicia Federal en todo el país.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reunirá mediante videoconferencia desde las 14. La jornada será abierta por Emanuel Desojo, presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) de La Plata-Berisso-Ensenada. A continuación, los legisladores escucharán al abogado Magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Alberto Garay; a quien le seguirá el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni. El ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi se presentará como representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires.
Finalmente, también fueron convocados Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Alberto Seijas, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia, FORES.
Todo esto indica que la iniciativa transita recién sus pasos iniciales en el Senado, con estas audiencias en plenario de comisiones, y está lejos la discusión sobre tablas. En el mejor de los casos, se piensa que la votación en la Cámara alta recién sería en tres semanas, pero ya se empezaron a conocer críticas de instancias judiciales.
Los jueces encabezados por Seijas, que en 2015 fue uno de los camaristas que sobreseyó a Mauricio Macri por la represión en el Hospital Borda, sostuvieron que "las únicas causales para el cese -además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente- de las juezas y los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones".
En este mismo sentido, indicaron que la reformar judicial carece de sostén constitucional en la "pretensión la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Además, sostuvieron que "las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales".
Primer golpe de la "familia judicial" a la reforma de Alberto: recién empezaron las audiencias en el Congreso pero la Cámara del Crimen ya la tildó de "inconstitucional"
