Equipajegate: el video que delata el ingreso irregular de diez valijas en un jet privado cuyo dueño es cercano a Milei

Recientemente, trascendió un video que expone las diez valijas que no pasaron por el control de equipaje, traídas en un jet privado donde viajaba Laura Arrieta, cercana a Javier Milei y gerente de corporaciones de OCP TECH, cuyo CEO es el empresario de bajo perfil Leonardo Scatturice, propietario además del avión en cuestión. El material, divulgado por la periodista Luciana Geuna, fue clave en la causa que investiga posibles maniobras de contrabando en el ingreso y salida del país del vuelo privado.



En el último tiempo, Scatturice emergió en la escena pública luego de que en febrero se conociera que un avión de su empresa, Royal Class, había llegado al país en condiciones irregulares. Ese episodio, también bajo investigación, motivó la apertura de un expediente por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. A ello, se añade la cercanía que tiene el empresario con Santiago Caputo y el exasesor de Donald Trump.

El video en cuestión muestra cómo el equipaje fue retirado sin atravesar los escáneres de Aduana en el Aeroparque Jorge Newbery. Según los registros, el vuelo arribó el 26 de febrero por la mañana desde Estados Unidos. En la aeronave viajaba Arrieta junto a dos tripulantes, y permaneció en territorio argentino hasta el 5 de marzo, cuando partió rumbo a París, tras sumar a un nuevo pasajero, Víctor Germán Du Plooy.



La investigación judicial encontró múltiples irregularidades, entre ellas que solo se declararon cinco bultos, cuando las imágenes muestran claramente diez. Además, los tripulantes y la pasajera fueron guiados por personal aduanero por un recorrido que les evitó pasar los controles habituales, algo que, según el dictamen de los fiscales, no se justificaba por razones operativas ni de congestión en la terminal. 

Otro punto crítico detectado en la causa son las inconsistencias en los registros migratorios y de vuelo. Mientras que los documentos oficiales indicaban que el avión había llegado desde Fort Lauderdale, en realidad había partido de Opa-locka, otro aeropuerto en Florida. Y en el vuelo de salida, aunque se registró como destino Fort Lauderdale, la ruta verdadera fue hacia París, con escala en Tenerife. Cabe mencionar que la Administración Nacional de Aviación Civil no registró la entrada de la nave. 

La Justicia también destacó la falta de monitoreo continuo del avión durante su estadía en el hangar de Aeroparque. Las filmaciones obtenidas presentan "huecos temporales" que impidieron verificar el estado de la aeronave durante lapsos prolongados. Además, no se documentó oficialmente el procedimiento de sellado del avión, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo irregular del operativo.

El caso sigue su curso en la Justicia, que busca identificar a los funcionarios que participaron en los desvíos de control. En paralelo, se acumulan los cuestionamientos sobre el papel de los organismos responsables de la fiscalización y el alcance de las presuntas maniobras de encubrimiento. El episodio vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político, los intereses privados y los controles de frontera.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Desde el oficialismo se negó cualquier relación con el episodio. La respuesta institucional ante las sospechas surgidas por el vuelo privado fue rápida, aunque escueta. Al ser consultado por la prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo en conferencia, en el mes de marzo, que “esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa".



“Pensar que uno puede salir de Estados Unidos con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada, infiere o que sos un imbécil, o que, efectivamente, tenés malicia. Los que hicieron estas afirmaciones, imbéciles no son. Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, remarcó el funcionario. 

Pese a esa declaración, tanto las imágenes del video como la causa judicial exponen contradicciones entre los dichos del Ejecutivo y los hallazgos de la investigación. 

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