Chile dio el primer paso para aprobar el impuesto a las grandes fortunas tras el respaldo que consiguió la iniciativa este miércoles en la Cámara de Diputados con 108 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones.
La propuesta parlamentaria fusiona los proyectos presentados por la diputada Camila Vallejo (Partido Comunista) y Matías Walker (Partido Demócrata Cristiano), que prevén aplicar un gravamen de 2,5% a los patrimonios netos superiores a USD 22 millones, sube la tasa impositiva a las grandes empresas de 27% a 30% y elimina transitoriamente dos exenciones: los beneficios tributarios sobre impuesto a la renta, sobre la enajenación o rescate de acciones y otros instrumentos con cotización bursátil y la Exención de Impuesto de Primera Categoría que beneficia a los retiros de los Fondos de Inversión Privado.
Ahora será el turno de la Comisión de Constitución para su discusión en particular, que se desarrollará la próxima semana.
Desde el oficialismo ecolumnados en el presidente Sebastián Piñera, se mostraron a favor de avanzar con las modificaciones aunque advirtieron por "la forma de allegar mayores recursos".
“Si en la oposición son consecuentes y de verdad le interesa la gente que lo pasa mal, deberíamos tener el apoyo de la oposición a a nuestra iniciativa. La recaudación conservadora de nuestro proyecto es de USD 5.500 millones. Nos falta es que el gobierno patrocine esta iniciativa”, fustigó el diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, en diálogo con LaTercera sobre la posibilidad de aplicar una tasa a los retiros del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y la repatriación de capitales.
Las propuestas por aplicar gravámenes a las grandes fortunas es una de las iniciativas que impulsa el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar las contracciones que provocó la crisis del coronavirus en la economía global. Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, confirmó que elevará una iniciativa en este sentido ante el Grupo de los 20, mientras que Argentina, ya cuenta con una normativa aprobada por el Congreso el 4 de diciembre del año pasado.
