El intendente de Pinamar,
Martín Yeza, se negó a declarar el pasado jueves ante la Justicia y apenas se limitó a presentar un escrito
en el marco de la causa en la que está imputado y que investiga un supuesto fraude con las tarjetas AlimentAR en ese municipio.
Aunque es potestad del imputado presentar un escrito y negarse a responder preguntas en el marco de su declaración indagatoria, primera instancia de defensa que tiene un imputado, Yeza había dicho que no tenía nada que ocultar y que se iba "a presentar a declarar como cualquier hijo de vecina".
El jefe comunal debía concurrir a las 12.30 a los tribunales federales de Dolores para declarar como imputado en un expediente que se abrió en marzo último, tras una denuncia por supuestos gastos hechos por parte de terceras personas y no por los titulares a cuyo favor estaban emitidas.
Las tarjetas AlimentAR eran entregadas a cada municipio que debía custodiarlas y repartirlas a los beneficiarios, según explicaron fuentes del caso.
Según la investigación, el uso indebido habría ocurrido con unas 55 tarjetas por un monto cercano a los dos millones de pesos.
En la causa ya están procesados dos ex funcionarios de la Municipalidad de Pinamar que conduce Yeza, Nora Ponce y Javier Tumas, por presunta omisión de control y otras cuatro personas acusadas de haber sido quienes usaron las tarjetas.
La tendencia a evitar presentarse ante la Justicia se extiende entre los dirigentes del PRO. Primero fue el operador judicial del macrismo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien para evitar presentarse ante la Justicia huyó a Uruguay y solicitó asilo político. Sobre el primer prófugo del macrismo hoy pesa una orden de captura internacional que podría consustanciarse en cualquier momento. Es que la justicia uruguaya ya la denegó la posibilidad de ser considerado un perseguido político como esperaba. Falta que defina su posición el gobierno de Luis Lacalle Pou que viene demorando su decisión.
Luego fue el propio
Mauricio Macri que debía presentarse el pasado jueves ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en el marco de la causa en que está imputado y que investiga maniobras de espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
