La Cámara Federal de Casación Penal apartó al juez de ese tribunal Gustavo Hornos para intervenir en los trámites de la causa en la que se investiga una mesa judicial acusada de extorsionar y presionar a los accionistas del grupo Indalo.Se trata de la causa que involucra al ex asesor judicial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien permanece prófugo, declarado en rebeldía y buscado internacionalmente.
La resolución fue adoptada por los camaristas Eduardo Riggi y Eduardo Gemignani, quienes hicieron lugar al pedido de apartamiento del juez que integra la sala, Gustavo Hornos y que había sido solicitado por los abogados de Fabián De Sousa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
En su momento Hornos, que visitaba a Mauricio Macri en la quinta de Olivos, se excusó, pero ello fue rechazado por sus colegas. Luego se conocieron más visitas y reuniones entre el ex presidente y el camarista, por lo que la querella insistió en la recusación.
En tal coyuntura, "sin perjuicio de que no corresponde volver a emitir juicio sobre la excusación oportunamente decidida, atento a que los nuevos motivos formulados por la querella no fueron evacuados por el magistrado recusado, deriva de ello que el temor de parcialidad invocado por la parte en esta incidencia no ha resultado del todo despejado, motivo por el cual corresponde hacer lugar a lo solicitado, en resguardo de la garantía a la imparcialidad del juez, prevista en los artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”, dice el fallo de la Sala III de Casación que culmina con el apartamiento del magistrado Hornos.
En el expediente en juego son investigados Macri y otros exfuncionarios como su exjefe de asesores
José Torello, el exvicejefe de gabinete,
Mario Quintana, los extitulares de la AFIP
Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los empresarios
Ignacio Rosner y Orlando Terranova, entre otros. Rodríguez Simón pidió refugio político en Uruguay cuando debía presentarse a la indagatoria y se quedó, en rebeldía, en el país vecino, con una orden de captura y un pedido de extradición que debe ser resuelto allí.
El eje de la causa es la persecución a Cristóbal López y Fabián De Sousa, a través de presiones y del intento de desapoderarlos de sus medios de comunicación (como C5N y Radio10) durante el gobierno de Macri, utilizando dependencias públicas con fines privados. La causa tiene un procesado ya, que es Sebastián Paladino, exsubdirector de recaudación de AFIP: se le atribuyó abuso de autoridad por haber creado una herramienta informática para controlar específicamente a las empresas de López y De Sousa, a las que se impusieron restricciones y exigencias impositivas diferenciadas para ir debilitando a sus empresas.
