Este miércoles, el Gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández le pagó poco menos de USD 1.900 millones al Fondo. Argentina tiene los recursos para este desembolso desde agosto, cuando el FMI le otorgó unos USD 4.300 millones por la ampliación de capital dispuesta por los países desarrollados a mediados de año. Con ese dinero, el ministro de Economía, Martín Guzmán ya canceló una cuota de USD 1.900 millones en septiembre, y ahora tiene que repetir con este segundo compromiso.
Tras dicho cancelamiento, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó el miércoles que "la estrategia y la condicionalidad" del programa de Macri de acceso excepcional al financiamiento del organismo por parte de la Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By de 2018 "no eran lo suficientemente sólidas" y, aunque consideró que era "consistente" con las políticas y procedimientos del mismo, "la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable".
Para el Directorio,
"la estrategia y la condicionalidad (...) no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha".
El informe de los directores del FMI concluyó que
"se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas". Sin embargo, aclaró que el "programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas".
"El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres", precisaron como consecuencias de dicho esquema.
Según los resultados de la auditoria, el programa "no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico".
En ese sentido, los directores lamentaron que el programa no cumpliera sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población.
El FMI reconoció que "el énfasis en la propiedad del gobierno también puede haber llevado a pronósticos demasiado optimistas, lo que debilitó la solidez del programa".
Para los directores, el stand by creó "riesgos financieros y de reputación sustanciales" para el Fondo Monetario.
Asimismo, enfatizaron que que "una mayor distribución de la carga con otros acreedores oficiales habría proporcionado financiación adicional" y un apoyo "más amplio de la comunidad internacional podría haber reforzado la confianza".
Los directores destacaron varias lecciones para los programas respaldados por el Fondo, como la necesidad de incorporar "supuestos realistas"; que los programas se adapten a las circunstancias del país, incluidas las consideraciones de economía política, lo que podría implicar el uso de medidas no convencionales si es poco probable que las políticas macroeconómicas estándar funcionen.
