La Justicia Federal investiga el caso de 66 trabajadores formoseños de la comunidad wichi encontrados en condiciones deplorables durante una serie de allanamientos en una finca del sur de Salta. Realizaban trabajo a destajo, vivían hacinados, mal alimentados, y tenían atrasos en el pago de los jornales.
Los 66 peones wichis habían sido llevados a las fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.
Las empresas en la mira de la Justicia por este caso de explotación son la contratista Padilla Citrus, propiedad de Padilla y Dynamic Agroservices, ambas con sede legal en San Miguel de Tucumán.
La empresa que los “contrata” tiene sede en la provincia de Tucumán, se cree que el hombre detrás de todos los incumplimientos a las más básicas leyes laborales es
el empresario citrícola Pablo Padilla, según explicó Germán Ferrari, el subdelegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en comunicación con Télam.
"Padilla es responsable no sólo de este hecho que está en la justicia, su práctica habitual es la falta de pago y fue por esa denuncia de los trabajadores que saltó en qué condiciones estaban trabajando en Salta", dijo a Télam el subdelegado de UATRE que hace años se enfrenta a este empresario citrícola "que terciariza los servicios", manifestó.
A partir de una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta se realizaron dos operativos relámpago y simultáneos.
Uno en una finca ubicada en la localidad de
El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa. Mientras que el otro operativo fue en
un edificio en construcción en la localidad de Metán, que habría sido usado como “hotel” en el que unos 45 trabajadores “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según informó la Policía de Salta.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia señalaron que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”.
Por el hecho se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal, según confirmaron a Télam desde la gobernación saleteña.
En la causa interviene la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del Dr. Eduardo Villalba y que se prosiguen las tareas investigativas. Por otra parte, se brindó asistencia a las personas rescatadas a través de un equipo interdisciplinario dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. De los operativos también participó personal de la AFIP.
QUIÉN ES PABLO PADILLA
El empresario cítricola, Pablo padilla, dueño de Padilla Citrus es, además, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino.
Ésta no es la primera denuncia por explotación laboral que recibe.
En julio de este año, trabajadores rurales migrantes de la cosecha de limones en la localidad de El Galpón, en el sur salteño, dieron a conocer las condiciones de servidumbre y violatorias de los derechos humanos en que los tiene la empresa para la cual prestan servicios. En el lugar de trabajo no tenían baños químicos ni agua, mientras que en los alojamientos los mantenían hacinados y sin servicios básicos.