18.12.2025 / TRAMA NARCO

La Justicia ordenó congelar todos los bienes de Espert y su familia

La medida fue dispuesta en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que investiga el origen de fondos utilizados por el exdiputado libertario, e incluye a su entorno familiar y sociedades vinculadas.





La Justicia federal dispuso el congelamiento de todos los bienes en el país del excandidato libertario José Luis Espert, así como de su esposa, su hijo y un entramado de familiares y socios, a partir de una resolución dictada por el juez Lino Mirabelli en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a su financiamiento político.

La medida había sido solicitada por el fiscal Federico Domínguez, quien impulsa la investigación a partir de los 200 mil dólares que Espert habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, con el objetivo de “asegurar los activos pasibles de decomiso”.

El congelamiento alcanza a su esposa María Mercedes González, a su hijo de 23 años y a varios allegados, entre ellos su hermano Gustavo Sergio Espert y el empresario Claudio Alberto Ciccarelli, además de sociedades comerciales, fideicomisos, vehículos de alta gama, inmuebles y el sello electoral Avanza Libertad.

Entre los bienes incluidos figuran un condominio familiar, una quinta ubicada en Escobar, allanada durante la causa, y distintas firmas creadas desde 2019, algunas de las cuales, según la fiscalía, habrían sido utilizadas para justificar ingresos que no se corresponden con la evolución patrimonial registrada.

El dictamen también señala que entre 2018 y 2020 Espert duplicó su patrimonio sin respaldo en ingresos declarados y que en los años posteriores ese crecimiento volvió a multiplicarse, en paralelo a su mayor gravitación política, con operaciones que no habrían sido informadas ante los organismos fiscales. En su resolución, la fiscalía sostuvo que “los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables”, lo que indicaría la utilización de fondos de origen ilícito para la adquisición de bienes, un extremo que ahora quedó bajo resguardo judicial mientras avanza la investigación.