Además de rechazar detener a tres referentes de Revolución Federal,
el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también se negó a realizar un allanamiento en el domicilio de la vecina de Cristina Kirchner así como a secuestrarle su teléfono celular con el objetivo de investigar qué grado de involucramiento tiene con el intento de asesinato que sufrió la Vicepresidenta hace meses.
Lo extraño es que
Martínez de Giorgi no quiere saber qué mensajes e intercambios tuvo Ximena de Tezanos Pinto desde sus dispositivos móviles, donde cualquier usuario puede utilizar apps como WhatsApp o Telegram, pero sí dispuso investigar qué redes sociales tiene y qué mensajes envió desde dichas cuentas.
Martínez de Giorgi requirió a Twitter y a Instagram que informen las cuentas vinculadas a la vecina de la ex presidenta, por lo que las empresas deberán indicar el número telefónico asociado y remitir a la justicia “las publicaciones y mensajes directos” enviados y recibidos desde dichas cuentas “desde el mes de abril hasta la actualidad”.
Cabe recordarse que los usuarios pueden abrir redes sin indicar teléfonos y asociarlas a cuentas de mail, por lo cual la medida de Martínez de Giorgi es verdaderamente insólita.
El magistrado rechazó realizar el allanamiento del domicilio de Tezanos Pinto, solicitado por los abogados que representan a la exmandataria a efectos de secuestrar su teléfono celular.
Es allí que se inclinó por
“requerir los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.
Cumplido ello, el juez requirió “se informe la totalidad de la actividad de Tezanos Pinto entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, según consta en la resolución.
El miércoles la vicepresidenta, en un escrito firmado por sus abogados
José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, pidió las detenciones de
Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, tres referentes de Revolución Federal que habían estado detenidos pero fueron excarcelados.
Para la querella, los tres deberían ser investigados en la causa del atentado contra Cristina Kirchner. Los letrados insisten en que ambas causas deben tramitar juntas.
Con respecto a la convocatoria de
Rossana Caputo, de la familia de ex ministros y amigos de
Mauricio Macri, a prestar declaración indagatoria, el juez estima que deberá esperar a los resultados “de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”, líder de la agrupación.
En la causa se investiga si Rossana Caputo contactó a Morel para que fuera proveedor de muebles para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en Neuquén.
La mujer contrató a Morel para equipar el SUM del barrio Santa Clara Al Sur, en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. En ese lugar se habrían colocado mesadas de madera y mesas ratonas.
