La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría este miércoles un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de
Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares.
La auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. Además, se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.
Durante la reunión, el auditor general,
Francisco Fernández, en carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública, explicó los "hallazgos principales del informe" y la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI.
El encuentro de este miércoles se realizó en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y participaron su titular J
esús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Angel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro M. Nieva.
Por la aprobación del informe firmaron los auditores Fernández, Forlón, De la Rosa y Mihura, mientras que por la negativa se pronunciaron Pichetto, Nieva y Rodríguez.
"El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país", recordó Fernández y señaló en el comunicado: "Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos".
Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacaron "r
elevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo".
