La Corte Suprema de Justicia desestimó los pedidos de excusación y recusación presentados por el Estado en relación a la causa que investiga el recorte a la coparticipación promovido por el expresidente Alberto Fernández a la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión podría tener implicaciones significativas para las finanzas de la administración nacional en el inicio de la gestión de Javier Milei como Presidente.
La medida permite a la Corte ejecutar una sentencia multimillonaria, una situación que podría complicar aún más las arcas del gobierno en este nuevo periodo. Para comprender el contexto, es necesario retrotraerse a diciembre de 2022, cuando la Corte dictó una medida cautelar a favor del gobierno porteño. Desde entonces, la administración nacional adeuda a la Ciudad de Buenos Aires la suma de $220.000.000.000 (220 mil millones), más los intereses correspondientes al periodo del 1 al 21 de diciembre de 2022.
En términos de posicionamientos entre el máximo tribunal y el presidente electo, Javier Milei, éste ha expresado públicamente su rechazo al juicio político contra la CSJN y ha buscado establecer diálogo, como evidenció la visita de su futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al Palacio de Tribunales. Sin embargo, la reciente decisión de la entidad presidida por Horacio Rosatti podría marcar el inicio de su mandato, ya que
el tribunal queda habilitado para embargar cuentas públicas por el monto de la deuda. Cabe destacar que el fallo fue rubricado por los ministros Carlos Maqueda, el propio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mientras que Ricardo Lorenzetti no firmó.
En su fallo, la Corte recordó al Estado Nacional que
"la facultad de excusación de los jueces, mediando causa legal de recusación o no, es ajena a la actividad procesal de las partes". En relación a las recusaciones, el tribunal destacó que aquellas "resultan manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano, y tal carácter revisten las que carecen de todo sustento por no encuadrar en las causales previstas en el artículo 17 del Código Procesal".
Asimismo, la Corte subrayó que
"resulta manifiestamente inadmisible toda alegación de prejuzgamiento motivada en la opinión que el Tribunal se haya visto en la necesidad de emitir acerca de puntos relacionados con la materia controvertida".
El caso en cuestión se remonta a septiembre de 2020, cuando el expresidente Alberto Fernández decidió unilateralmente recortar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para financiar un aumento salarial a la Policía Bonaerense. Este anuncio sorpresivo generó tensiones en la relación política con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y llevó al gobierno porteño a presentar un reclamo ante la Corte Suprema.
En respuesta a los intentos del Estado de bloquear la medida cautelar a favor del gobierno porteño, la Corte desestimó los pedidos de excusación y recusación, afirmando que no se sustentaban en las causales previstas en el Código Procesal. Este nuevo desarrollo legal podría tener un impacto significativo en el inicio del mandato de Javier Milei como Presidente, quien enfrentará el desafío de lidiar con las implicaciones financieras de esta sentencia multimillonaria."
