En un escenario marcado por la llegada al poder del gobierno del presidente
Javier Gerardo Milei,
se vislumbraba y se materializó un cambio radical en las políticas económicas y sociales que se resume en la consigna “No hay plata”, o, más técnicamente, en una restricción brutal del gasto público.
Este rumbo incluye una reducción importante de sueldos y jubilaciones. Otra de las medidas más controversiales de esta administración, es la implementación de despidos masivos y arbitrarios en el sector público.
Estos despidos no se llevan a cabo luego de una investigación precisa de cada puesto de trabajo para establecer si los empleados cumplen con su trabajo, si son ineficaces, o si, por el contrario, son trabajadores son eficientes y necesarios. Se ha empleado un criterio mecánico –por año de ingreso o modalidad de contrato- dejando fuera a personal con experiencia y difícil de reemplazar en sus actividades e idoneidad.
Estas políticas de despidos masivos van a impactar negativamente en la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos, programas de asistencia social, y su eficiencia en general. Y ello porque la disminución de la presencia estatal en áreas como seguridad y bienestar social podría dejar a comunidades enteras desatendidas y vulnerables.
La reducción de personal en áreas de salud pública, educación, y de control sanitario, van a sobrecargar el trabajo del personal que no sufre en carne propia el efecto de la motosierra. Y ello será particularmente grave cuando el personal afectado sea de las fuerzas de seguridad o del sistema judicial.
Esto puede llevar a un aumento en la delincuencia y la inseguridad creciente a pasos agigantados. Con menos recursos y personal para prevenir y combatir el crimen, es probable que los índices de criminalidad aumenten rápidamente. La percepción de inseguridad puede afectar negativamente la calidad de vida de los ciudadanos y obstaculizar el desarrollo económico, pero todo esto a cambio de una supuesta libertad que cada vez se ve más lejos en el horizonte.
Los despidos masivos en el sector público impulsados por los libertarios también pueden contribuir al aumento de la pobreza y la indigencia. Muchos de los empleados despedidos son personas que tienen muchos años de carrera en sus puestos, que tienen formación y capacitación específica para su actividad administrativa y podrían enfrentar dificultades para encontrar empleo en un sector privado que también está experimentando recortes debido a la caída de la actividad económica, especialmente si carecen de habilidades específicas que este sector está requiriendo.
Y en esos hogares, la falta de ingresos estables puede llevar a un mayor número de personas a caer por debajo del umbral de la pobreza, exacerbando las desigualdades sociales y económicas. Y la desesperación de la gente ante la merma de sus ingresos y la falta de un empleo digno, puede llevarlos hacia extremos impensados y no queridos.
Los despidos masivos en el gobierno de Milei van a tener consecuencias profundas en la sociedad argentina. El aumento de la inseguridad y la pobreza son solo algunas de las posibles ramificaciones de estas medidas.
Es crucial que cualquier cambio en las políticas económicas y laborales se implemente de manera cuidadosa y equitativa, teniendo en cuenta el impacto en los ciudadanos más vulnerables. Es hora que la libertad prometida a sus votantes llegue, y que no sea el beneficio de unos pocos empresarios y amigos del poder.
