La diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Romina del Plá, lanzó duras críticas contra el reciente dictamen de la Ley Ómnibus recargada, argumentando que esta legislación no solo retoma aspectos cuestionables de anteriores propuestas, sino que además incorpora capítulos de la controvertida reforma laboral que había sido introducida mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), actualmente paralizada por decisiones judiciales.
"Por empezar, se anulan o rebajan (de acuerdo al tamaño de la empresa) las multas por el trabajo no registrado. En criollo, es un blanqueo laboral sin ninguna pena para quienes se beneficiaron de tener en negro a los trabajadores", expresó Del Plá a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, la diputada del FIT señaló que la nueva normativa extiende los períodos de prueba para los trabajadores, alcanzando un mínimo de 6 meses para empresas de más de 100 empleados y de 8 meses para aquellas con entre 6 y 100 trabajadores.
"Las empresas más pequeñas podrán tomar hasta un año de prueba. Ahora sí van a tener tiempo de 'encariñarse' como dijo el cínico de Sturzenegger", ironizó.
Entre las modificaciones más controversiales, Del Plá destacó la posibilidad de modificar convenios colectivos para establecer un sistema de cese laboral en lugar de indemnizaciones por despido, así como la exención de responsabilidad solidaria para empresas que contraten a través de tercerizadas, lo cual, según la diputada, promueve una mayor precarización laboral.
Además, la diputada del FIT denunció que la nueva legislación elimina la posibilidad de reinstalación de trabajadores injustamente despedidos por motivos de discriminación, y establece indemnizaciones mayores como única obligación para las empresas, permitiendo despidos incluso por motivos ideológicos, raciales o de género.
Otro aspecto que generó fuertes críticas por parte de Del Plá es la creación de la figura del "colaborador" para autónomos que contraten menos de 5 trabajadores, lo cual, según la diputada, anula cualquier tipo de dependencia en la relación laboral y exime de obligaciones a los empleadores, dejando desprotegidos a los trabajadores.
"Deje lo peor para el final: modifican la ley PENAL, llevando a penas de prisión efectiva a cualquier trabajador/a que en el marco de un conflicto con una empresa como puede ser una huelga realice algún tipo de piquete o medida de fuerza", denunció Del Plá. Según ella, esta medida atenta contra un método histórico de la clase obrera, buscando coartar su capacidad de lucha y favoreciendo los intereses de las patronales.
