
En una medida que generó polémica y alarma entre especialistas en seguridad y organizaciones civiles, el gobierno de Javier Milei resolvió eliminar la tasa anual obligatoria que debían pagar los usuarios registrados de armas de fuego y extendió a cinco años el plazo de vencimiento de las inscripciones. La medida favorece y facilita la compra de armas al flexibilizar los requerimientos para su adquisición
Este lunes la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) resolvió tales medidas a través de la Resolución 77/2025. Sin embargo, las autoridades de ANMAC informaron que respecto a los usuarios comerciales del rubro importador y transportistas, las normas se mantendrán sin modificaciones debido a que las competencias no corresponden a la agencia.
Desde el organismo se justificó la medida dentro de un proceso de “simplificación y desburocratización de los trámites”, en línea con la filosofía del gobierno de reducir la intervención estatal en los asuntos del sector privado. En ese marco, las direcciones de Registro y de Fiscalización de la ANMAC fueron instruidas para adecuar sus procedimientos a los cambios dispuestos.