Los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán dejaron al menos 499 civiles muertos y 1.216 heridos en territorio afgano entre octubre de 2025 y finales de junio de 2026, según un nuevo informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA). El organismo alertó sobre el creciente impacto de las hostilidades sobre la población civil y reclamó a las partes el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
La violencia entre los dos países se intensificó especialmente desde febrero, cuando fuerzas afganas realizaron una incursión en Pakistán en represalia por ataques aéreos pakistaníes dentro de Afganistán. Islamabad llegó entonces a declarar que ambos países se encontraban en una situación de "guerra abierta".
La escalada entre Afganistán y Pakistán
Pakistán acusa desde hace años a Afganistán de brindar refugio a grupos armados que realizan atentados en territorio pakistaní, en particular al Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes pakistaníes. La organización mantiene vínculos con los talibanes afganos, que recuperaron el poder en Kabul en 2021 tras la retirada de las tropas estadounidenses y sus aliados. El gobierno afgano rechaza las acusaciones de Islamabad.
En su respuesta al informe de Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní sostuvo que las autoridades talibanas mantienen un ambiente permisivo para distintas organizaciones armadas y negó que sus operaciones tengan como objetivo a la población civil. Según Islamabad, sus ataques estuvieron dirigidos exclusivamente contra escondites, refugios e infraestructura vinculada con grupos responsables de atentados en Pakistán.
Los datos recopilados por Naciones Unidas, sin embargo, muestran el fuerte impacto de las operaciones militares sobre civiles. Ya entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, UNAMA había verificado 185 víctimas civiles en Afganistán: 56 muertos y 129 heridos por ataques aéreos y fuego indirecto. El 55% de esas víctimas eran mujeres y niños.
Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo, cuando un ataque aéreo pakistaní alcanzó un centro de tratamiento para personas con problemas de adicción en Kabul y provocó cientos de muertes. Amnistía Internacional reclamó que el bombardeo sea investigado como un posible crimen de guerra.
Civiles atacados mientras intentaban rescatar a las víctimas
El informe de UNAMA también reconstruyó episodios en los que los ataques alcanzaron a personas que intentaban asistir a víctimas de bombardeos.
Uno de ellos ocurrió el 28 de junio en la provincia oriental de Paktya. Naciones Unidas informó inicialmente que una serie de ataques aéreos en Paktya, Paktika y Kunar había dejado al menos 28 civiles muertos y 49 heridos, entre ellos mujeres y niños. Las autoridades pakistaníes confirmaron que sus fuerzas de seguridad habían realizado operaciones en esas tres provincias.
La investigación posterior de UNAMA determinó que dos ataques sucesivos contra un edificio residencial en Paktya provocaron la muerte de 22 personas, cinco de ellas niños, y dejaron al menos 185 heridos. Gran parte de las víctimas se produjo durante el segundo bombardeo, cuando vecinos se habían acercado para rescatar a quienes habían quedado atrapados tras el primer impacto.
Fiona Frazer, directora de Derechos Humanos de UNAMA, recordó que el derecho internacional humanitario establece protecciones especiales para el personal médico, los trabajadores humanitarios y quienes realizan tareas de primera respuesta, y prohíbe los ataques contra ellos mientras cumplen esas funciones.
La ONU también advirtió sobre los derechos de las mujeres
El relevamiento difundido por Naciones Unidas no se limitó al conflicto con Pakistán. También documentó nuevas restricciones y episodios de violencia contra mujeres dentro de Afganistán bajo el gobierno talibán.
En la ciudad occidental de Herat, al menos 30 mujeres fueron detenidas en junio por supuestas infracciones a las normas de vestimenta. Las detenciones provocaron una inusual protesta y al menos una persona murió cuando las autoridades abrieron fuego, mientras que varias resultaron heridas.
Las mujeres afganas continúan sometidas a fuertes restricciones para acceder a la educación, trabajar y circular por espacios públicos. Las autoridades también exigen que estén acompañadas por un familiar varón en diferentes circunstancias y aplican reglas estrictas sobre la vestimenta. UNAMA registró además visitas de funcionarios del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio a comercios y centros sanitarios para indicarles que negaran el ingreso a mujeres que estuvieran sin un acompañante masculino.
El organismo internacional cuestionó asimismo nuevas normas sobre matrimonio y separación que, según su evaluación, "sancionan implícitamente el matrimonio infantil" al contemplar contratos matrimoniales celebrados para menores de edad.
Los informes publicados el 28 de julio forman parte del seguimiento periódico de UNAMA sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán. La misión de Naciones Unidas mantiene un monitoreo específico tanto de las víctimas civiles de las hostilidades transfronterizas como de las medidas adoptadas por las autoridades talibanas.