05.08.2026 / CONFLICTO
El Gobierno cedió ante el paro portuario y corrió a Sturzenegger de la negociación
Ante la dura medida de los trabajadores, la Casa Rosada suspendió el decreto que desregulaba el practicaje, aceptó abrir una mesa de diálogo y desplazó al ministro de Desregulación de las negociaciones.
Tras cuatro jornadas de paro que paralizaron la operatoria en los principales puertos del país, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás con el decreto que impulsaba la desregulación del practicaje y pilotaje, apartó de la negociación al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y aceptó conformar una mesa de trabajo con el sector, luego de que los prácticos advirtieran que el conflicto podría "escalar" de mantenerse vigente la medida.
La decisión del Ejecutivo implicó un fuerte revés para Sturzenegger, principal impulsor de la iniciativa, puesto que el ministro quedó fuera de las conversaciones que continuarán en las próximas semanas y ni siquiera participó del acuerdo alcanzado entre las partes. La negociación quedó en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras que Diego Santilli intervino para acercar posiciones y facilitar el levantamiento de la medida de fuerza.
La raíz del conflicto
El conflicto había comenzado tras la publicación del decreto, que eliminaba parte de las regulaciones sobre la actividad de prácticos, pilotos y baqueanos, habilitaba excepciones para capitanes extranjeros y modificaba las condiciones de prestación del servicio. Desde el sector denunciaban que la reforma había sido elaborada sin instancias de diálogo y advertían sobre los riesgos que implicaba para la navegación en el Río de la Plata y el Paraná.
Mientras el Gobierno amenazaba con denuncias penales, sanciones e inhabilitaciones para quienes sostuvieran el paro, la medida de fuerza dejó cerca de 180 buques demorados, además de pérdidas económicas que distintas fuentes del sector estimaron en cientos de millones de dólares. La imposibilidad de dictar una conciliación obligatoria, al tratarse de profesionales independientes y no de un conflicto sindical tradicional, limitó aun más el margen de acción del primero.
La paralización de la actividad también generó preocupación entre las empresas exportadoras y energéticas. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) advirtieron que cada buque demorado implica costos de entre 50 mil y 100 mil dólares diarios y alertaron sobre el riesgo de afectar la confiabilidad del país como proveedor internacional. El conflicto interrumpió operaciones en Bahía Blanca y complicó obras vinculadas a Vaca Muerta, además del abastecimiento de combustibles.
El acuerdo al que accedió el Gobierno acepta revisar integralmente la reforma y mantener, por ahora, aspectos que el sector consideraba innegociables, como el rol de la Armada en la formación y capacitación de los prácticos. También quedó en suspenso la discusión sobre el resto de los cambios previstos en el decreto, que serán analizados en la mesa de negociación abierta.
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