El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos online en todo el territorio nacional. La decisión, adoptada a nueve días de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, pone fin a la actividad legal de las denominadas "bets", un negocio que experimentó un crecimiento acelerado durante los últimos años y que se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento del fútbol brasileño.
La medida fue anunciada durante un acto en San Pablo, donde Lula estuvo acompañado por varios de sus ministros. El Gobierno presentó la prohibición como una respuesta a los problemas de salud pública y al endeudamiento de las familias, que atribuye parcialmente a la expansión de las plataformas digitales de apuestas. La decisión alcanza tanto a las apuestas deportivas como a los juegos de casino online, además de prohibir la publicidad de las empresas del sector.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó que la prohibición forma parte de un paquete más amplio de medidas económicas y sociales. Según los datos presentados por el Ejecutivo, más de 60.000 millones de reales salieron de los hogares brasileños hacia las empresas legales de apuestas. El Gobierno también anunció la ampliación de su programa de renegociación de deudas familiares.
Un negocio y una preocupación sanitaria
El mercado de apuestas deportivas fue legalizado en Brasil en 2018, durante el gobierno de Michel Temer. Sin embargo, durante los años siguientes funcionó sin una regulación integral, hasta que la administración de Lula estableció en 2023 un sistema de autorizaciones e impuestos. Actualmente existen 85 autorizaciones para operar legalmente en el país.
La magnitud económica del sector explica parte de la controversia. Según datos oficiales citados por la agencia EFE, durante 2025 alrededor de 25 millones de brasileños apostaron 220.600 millones de reales, equivalentes a unos 42.500 millones de dólares. Ese mismo año, el Estado recaudó aproximadamente 9.000 millones de reales en impuestos provenientes de la actividad.
El Ministerio de Salud brasileño sostiene que las apuestas se convirtieron en un problema sanitario creciente. Según las cifras difundidas por el organismo, entre 2018 y 2025 las consultas relacionadas con el juego patológico y los problemas asociados a las apuestas aumentaron aproximadamente un 140%. Además, un estudio del Instituto de Estudios para Políticas de Salud estimó en 38.800 millones de reales anuales el costo social asociado al juego.
El fútbol, principal afectado
La prohibición abrió un conflicto con los principales clubes de fútbol del país, que durante los últimos años establecieron importantes acuerdos comerciales con las plataformas de apuestas. 13 de los 20 equipos de la primera división masculina tienen una empresa de apuestas como patrocinador principal de su camiseta. Se estima que las compañías del sector aportan más de 1.000 millones de reales anuales en patrocinios a los clubes de la máxima categoría.
Ante la posibilidad de que el Gobierno avanzara con la prohibición, instituciones como Flamengo y Palmeiras expresaron públicamente su rechazo. Los clubes advirtieron sobre las consecuencias económicas de eliminar una de sus principales fuentes de ingresos y señalaron que el impacto podría extenderse al fútbol femenino, las divisiones juveniles y otras disciplinas deportivas.
Las empresas del sector también cuestionaron la decisión y advirtieron que una prohibición podría favorecer la expansión del mercado ilegal. El Gobierno, por su parte, anunció nuevas herramientas de fiscalización y bloqueo de plataformas clandestinas.
Cómo se implementará
La medida provisoria firmada por Lula establece un cronograma de cierre de las plataformas. Desde el 25 de septiembre quedaron prohibidos los nuevos depósitos y los nuevos contratos publicitarios. Los usuarios tendrán hasta el 5 de octubre para retirar voluntariamente su dinero y, a partir del 6, los sitios y las aplicaciones de apuestas deberán dejar de funcionar. Los saldos pendientes serán devueltos posteriormente a través del sistema financiero.
El Ejecutivo también presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal nuevos delitos vinculados con la explotación ilegal de apuestas, su publicidad y su intermediación financiera. La medida provisoria deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 120 días para conservar su vigencia.
Una decisión en plena campaña presidencial
El anuncio se produjo a nueve días de las elecciones del 4 de octubre, en las que Lula busca la reelección frente a una oposición que tiene entre sus principales referentes al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
El Gobierno presentó la prohibición como parte de su política de protección de las familias y de combate al endeudamiento. La decisión también tiene una dimensión electoral: el oficialismo incorporó el rechazo a las plataformas de apuestas entre los temas de su campaña.
Flávio Bolsonaro cuestionó públicamente la medida durante un acto de campaña en Río de Janeiro, donde la calificó de populista, hipócrita y motivada por intereses políticos. El debate también atravesó al propio Gobierno: antes del anuncio, el Ministerio de Hacienda había expresado reparos por la pérdida de recaudación que implicaría eliminar el sector.
La decisión coloca así en discusión dos cuestiones: las consecuencias sociales y sanitarias de la expansión de las apuestas digitales y la dependencia económica que desarrollaron distintos sectores, especialmente el fútbol profesional, respecto de una industria multimillonaria.