17.10.2026 / EL SALVADOR
Bukele evalúa liberar a miles de presos detenidos por las pandilla
Después de más de cuatro años de régimen de excepción y más de 93.000 detenciones, el presidente de El Salvador anunció un plan de liberación anticipada que podría alcanzar a cerca del 50% de los presos acusados de colaborar con las pandillas.
La aclaración es importante: Bukele no anunció la liberación de la mitad de los más de 93.000 detenidos desde marzo de 2022, sino que estimó que el beneficio podría alcanzar a cerca del 50% de quienes fueron acusados de colaborar con las maras. Tampoco sostuvo que fueran inocentes. Por el contrario, explicó que se trataría de personas consideradas culpables, pero con un grado de responsabilidad menor, que podrían recuperar anticipadamente la libertad bajo monitoreo.
"Tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente", afirmó Bukele.
Una distinción novedosa en el modelo Bukele
El anuncio introduce un matiz relevante en la política de seguridad que convirtió a Bukele en una referencia regional. Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción instaurado después de una ola de homicidios atribuida a las pandillas MS-13 y Barrio 18. Desde entonces fueron detenidas más de 93.000 personas.
La estrategia tuvo un impacto contundente sobre la violencia. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios pasó de 38 cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,3 en 2025. Ese último año terminó con 82 homicidios intencionales, de acuerdo con el balance del Gabinete de Seguridad salvadoreño.
Pero el resultado estuvo acompañado por fuertes cuestionamientos sobre los métodos utilizados. Human Rights Watch (HRW) documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y graves vulneraciones del debido proceso. La organización estima además que la población penitenciaria llegó a unas 118.000 personas, cerca del 1,9% de toda la población del país.
El punto novedoso de las declaraciones de Bukele aparece justamente allí. El presidente reconoció que vivir bajo el dominio territorial de las pandillas podía colocar a ciudadanos comunes en situaciones de colaboración sin convertirlos necesariamente en integrantes centrales de esas organizaciones.
"No es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad", explicó.
Incluso planteó que, si se encarcelara a todas las personas que en algún momento colaboraron con las pandillas, habría que detener a una proporción mucho mayor de la sociedad salvadoreña.
De las detenciones masivas a revisar caso por caso
El cambio es relevante porque durante buena parte del régimen de excepción una de las principales críticas de las organizaciones de derechos humanos fue precisamente la falta de individualización de las responsabilidades.
A comienzos de octubre, HRW denunció que los tribunales salvadoreños estaban realizando juicios colectivos contra cientos de acusados al mismo tiempo, en muchos casos por el delito de "agrupaciones ilícitas" y sobre la base de pruebas que la organización calificó como débiles. Según sus datos, más del 90% de las personas presas bajo el régimen llevaban años esperando un juicio y al menos 513 habían muerto bajo custodia estatal.
El Gobierno rechaza que exista una política destinada a encarcelar inocentes y Bukele volvió a defender esta semana el régimen de excepción. De hecho, el presidente aseguró que pretende mantenerlo mientras exista la posibilidad de que las pandillas vuelvan a organizarse.
Sin embargo, el nuevo mecanismo supone comenzar a diferenciar situaciones dentro del enorme universo de detenidos: cabecillas, integrantes activos, colaboradores habituales y personas que participaron de manera marginal o bajo las condiciones impuestas por el control territorial de las maras.
Bukele explicó que una comisión analiza los expedientes para determinar el nivel de participación de cada detenido. El Gobierno todavía no informó cuáles serán los criterios jurídicos, cuándo comenzarán las liberaciones ni cuántas personas concretas podrían salir de prisión.
Las organizaciones hablan de una admisión de errores
Organizaciones salvadoreñas de derechos humanos interpretaron el anuncio de una manera diferente. Para los activistas consultados por EFE, la posibilidad de liberar a una cantidad tan importante de detenidos confirma los problemas que vienen denunciando desde el comienzo del régimen de excepción.
"Eso es admitir que se equivocaron", sostuvo Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario. Las organizaciones reclaman que la revisión no dependa del Ejecutivo sino de procedimientos judiciales con garantías de defensa.
La diferencia no es menor. Bukele presenta la eventual liberación como un acto de clemencia hacia personas culpables cuya responsabilidad fue limitada por las condiciones excepcionales que vivía El Salvador. Las organizaciones de derechos humanos sostienen, en cambio, que entre los encarcelados existen miles de personas detenidas arbitrariamente y que sus casos deberían revisarse judicialmente.
El Gobierno ya reconoció que miles de detenidos fueron puestos en libertad durante los últimos años. Ahora la discusión adquiere otra dimensión porque la cifra potencial anunciada por el propio presidente podría ser mucho mayor.
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