14.10.2026 / REVÉS
El Gobierno apuesta a reintroducir el capítulo de Tierras en Propiedad Privada para frenar a la oposición
El oficialismo buscará dictamen este miércoles para reincorporar el capítulo referido a la extranjerización de tierras en el escandaloso paquete de leyes, pero con algunos cambios. La maniobra apunta a restarle argumentos a la oposición para rechazar el DNU 70/23.
A un día del tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados, el oficialismo concentra sus esfuerzos en recuperar parte de la reforma de la Ley de Tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque con modificaciones respecto de la propuesta original. La estrategia busca evitar que la oposición avance contra el decreto que derogó la norma en 2023 y ponga en riesgo el resto del proyecto.
Este miércoles a las 16, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General buscarán firmar dictamen con una versión que mantendría el límite del 15% a la extranjerización de tierras en los niveles nacional, provincial y departamental, pero eliminaría el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo. Se trata de una alternativa más acotada que la derogación completa de las restricciones, que Patricia Bullrich debió retirar del proyecto durante su tratamiento en el Senado al no conseguir los suficiente apoyo.
Con esto, el Gobierno pretende frenar el rechazo al DNU completo en la sesión prevista para el jueves. Por otra parte, la Justicia analiza los planteos contra la derogación de la Ley de Tierras nuevamente, luego de habilitar el tratamiento de una cautelar presentada por la ONG Árbol de Pie para restablecer la vigencia de la norma, lo cual significó un revés para la estrategia oficial.
Cambios de Propiedad Privada
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada también modifica los procedimientos de expropiación y desalojo. Entre otros puntos, establece un límite del 30% a las indemnizaciones por lucro cesante cuando estén debidamente acreditadas y habilita mecanismos acelerados para recuperar inmuebles ocupados. En los casos de desalojos por falta de pago, prevé un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda antes de iniciar la acción judicial.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, fue incluida en la sesión convocada para el 21 de octubre. Allí el oficialismo también buscará avanzar con otros proyectos, entre ellos los vinculados con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
Sin embargo, la discusión por las tierras quedó atravesada por la urgencia de contener a la oposición y evitar que el rechazo al DNU se convierta en una nueva derrota para el Gobierno. Fuera del Congreso, durante el debate, organizaciones sociales y múltiples sectores movilizarán en defensa de la soberanía y de la Ley de Financiamiento Universitario.
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