28.10.2026 / DIFERENCIAS
Presupuesto 2027: el PRO le traba los planes al Gobierno y pone en riesgo su tratamiento
La falta de acuerdo con los bloques aliados obligó al oficialismo a suspender la firma del dictamen y amenaza con demorar el debate en Diputados. Coparticipación, universidades y discapacidad concentran los reclamos.
La Libertad Avanza no logró todavía reunir los apoyos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027 y debió suspender la firma del dictamen prevista para este miércoles, luego de que el PRO, la UCR y Argentina Federal plantearan objeciones al proyecto. La falta de acuerdo pone en riesgo la sesión del 18 de noviembre, fecha en la que el Gobierno esperaba llevar la iniciativa al recinto para conseguir su aprobación antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
El principal foco de conflicto con el PRO son las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, la reducción del impuesto a los combustibles, la transparencia en las concesiones viales y la autorización para que el distrito porteño realice operaciones de financiamiento.
Además, la bancada reclama que se incluya el pago de la deuda acumulada por coparticipación desde abril, que asciende a $628.196.960.411, actualizada por inflación a septiembre de 2026. Pese a las gestiones de Martín Menem para contener a los aliados, el reclamo quedó sin respuesta.
Las diferencias también alcanzan el financiamiento universitario y las partidas para discapacidad. Aunque el oficialismo acordó retirar del capítulo VI los artículos que desfinanciaban a ese sector, todavía debe resolver cómo incorporar los recursos necesarios para cumplir con la nueva ley de discapacidad, que obtuvo media sanción en Diputados y espera su tratamiento en el Senado. En materia universitaria, la propuesta oficial contempla $7,7 billones, frente a los $11 billones reclamados por los rectores.
La UCR y Argentina Federal también presionan para que el Presupuesto garantice los fondos para las casas de estudio. El diputado misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto para exigir que el Poder Ejecutivo adecue las partidas y cumpla integralmente con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El reclamo contrasta con las críticas del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien cuestionó el gasto universitario y calificó de “acuerdo corporativo” y “acuerdo de casta” el entendimiento de dirigentes que reclaman más recursos.
El oficialismo necesita sumar al menos 34 diputados para alcanzar el quórum, además de sus 95 propios, y depende de los bloques que ahora condicionan su respaldo. Entre ellos están el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas.
Desde la bancada amarilla insistieron en que el Gobierno debe incorporar sus demandas al proyecto: “Que lo incluyan en el presupuesto”, reclamaron, mientras que cerca de la presidencia de Diputados describieron las negociaciones como “una paritaria” a cielo abierto.
Con el dictamen en suspenso, el Gobierno evalúa reordenar el cronograma para evitar que se caiga la sesión del 18 de noviembre. Entre las alternativas figuran firmar el despacho el miércoles 11 o prolongar las conversaciones hasta el martes 17; si no hay acuerdo, el debate podría pasar al miércoles 25. La demora también amenaza los planes de conseguir la sanción definitiva en el Senado durante diciembre, para lo que el oficialismo necesitará prorrogar las sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias.
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