Grabois presentó una contrapropuesta a Propiedad Privada para blindar la propiedad pública

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois presentó un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública para limitar las privatizaciones y reforzar la protección de las empresas, tierras y activos estratégicos estatales.

La iniciativa busca establecer mayores requisitos que los previstos en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno, cuya sanción definitiva todavía debe resolver el Senado. “La ley pone las propiedades que están en manos del Estado al servicio de quienes más lo necesitan”, sostuvo el dirigente.

La contrapropuesta surge luego de que la Cámara de Diputados aprobara una versión modificada del proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora espera su tratamiento en el Senado. 

El texto establece que cualquier venta, privatización, transferencia o concesión que implique perder la titularidad o el control de un activo estratégico deberá aprobarse mediante una ley especial con el respaldo de dos tercios de los integrantes de cada cámara del Congreso. Además, prohíbe habilitar esas operaciones mediante decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa o autorizaciones incluidas en el Presupuesto y en leyes ómnibus.

La propuesta también busca modificar los criterios para adjudicar tierras fiscales nacionales que estén ociosas, subutilizadas o no tengan un destino específico. Para eso, crea el Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública, un mecanismo que priorizará el impacto social de las iniciativas por encima de la oferta económica más alta. Entre sus objetivos figuran facilitar el acceso a la tierra para el autoabastecimiento y la vivienda familiar, fortalecer la economía comunitaria y atender necesidades básicas.

Asimismo, el proyecto excluye de las convocatorias a las sociedades comerciales con fines de lucro cuyo objetivo sea la valorización inmobiliaria o la especulación con la tierra. También declara de interés público nacional la conservación y gestión transparente de las empresas y los activos alcanzados por la norma.

“El patrimonio público estratégico es inviolable”, sostiene el texto, que plantea que los bienes estatales deben contar con garantías específicas frente a eventuales decisiones de privatización.

En ese sentido, añadió: “La propiedad es inviolable. También lo es el derecho del pueblo argentino a que sus empresas y activos estratégicos no sean transferidos sin una decisión democrática, específica, transparente y suficientemente fundada”, concluyó.

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