Marzo es el mes en que vuelve la escuela. El momento en donde trabajadores de la educación, sean docentes, administrativos o maestranza se encuentran con los niñxs, adolescentes y con sus familias para empezar un nuevo ciclo en la trayectoria formativa.
Pero marzo lejos estuvo de esa normalidad y fluir de los hechos. Más bien, el denominador del mes fueron sobresaltos que empezaron antes, en febrero, cuando producto de abandonar la política de establecer una Paritaria Nacional que organizará el inicio de clases en todo el país, se dejó a la suerte de cada provincia el desenlace de la negociación salarial, y por ende el comienzo de clases.
El resultado, conocido de antemano, fue el de una alta conflictividad en la mayoría de las provincias del país basado en un hecho muy simple:
Nación bajó el mensaje de un aumento tope del 15% cuando la expectativa de inflación dicha sin ningún tapujo por el gobierno nacional oscila entre un 23% y un 25% para el 2018. Para afirmar el punto el gobierno nacional también pide que no haya cláusula gatillo. Ya estamos acostumbrados a ver que ese mecanismo es mala palabra si se trata de resguardar los ingresos de lxs trabajadorxs, no así para quienes se hacen de deuda pública mediante bonos. Si las escuelas fueran bancos o intermediarios financieros la suerte sería otra…
Pero marzo no fue conflictivo “sólo” por la paritaria, hubo valores agregados que empezaron a tensar la cuerda en el sistema educativo como la insólita idea de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de cerrar escuelas en el Delta del Tigre porque los cursos no tenían la misma cantidad de alumnos que en municipios del conurbano. La organización de las comunidades educativas, la visibilización del conflicto y un último reflejo de sensatez permitieron revertir esta mezcla de mezquindad con necedad.
Pero el buen desenlace no fue el resultado de todos los conflictos abiertos. Por ejemplo el estado nacional clausuró la única oferta pública para formar técnicos viales cerrando las 5 escuelas dependientes de Vialidad Nacional donde se dicta esta carrera, dejando 300 docentes en la calle y 1200 alumnos sin la posibilidad de completar sus estudios. Por su parte, la provincia de Buenos Aires se propuso nada menos que cerrar más de 400 bachilleratos de adultos distribuidos en toda la geografía provincial. La medida afecta a nada menos que 6000 estudiantes. Ambos procesos no han finalizado ya que se encontraron con la resistencia de las comunidades frente a una situación inédita, ya no de intentar desfinanciar el sistema sino directamente el de ir cerrando algunas de sus partes.
La última provocación del mes de marzo fue el intento de la gobernadora de jubilar de oficio a 3000 autoridades educativas entre las que se encuentran docentes, auxiliares, inspectores y directores, no sólo afectando a los implicados directamente sino también en muchos casos a escuelas que quedan acéfalas o sin docentes frente a los cursos. Sin contar que como carambola se busca desfinanciar al Instituto de Previsión Social, caja con la que la gobernadora Vidal aspira a quedarse.
No nos vamos a cansar de repetir que Macri en cada campaña habló de la importancia de la educación, de su proyecto de construir 3000 jardines de infantes, incluso que Vidal hablaba de un salario mínimo docente de 40.000 pesos. Sabemos, a dos años de estas palabras, que sólo se trató de prometer, no de realizar. En la concepción Cambiemos la educación pública es un lugar adonde se cae. Palabras textuales del presidente que se escaparon del guión de la corrección elaborado por los asesores publicitarios.
Por todo esto es que marzo también fue un mes de protestas docentes. Situación que continúa en abril con el agregado de los docentes de universidades nacionales que recibieron del Ministerio de Educación de la Nación la misma propuesta: 15% de aumento frente a una inflación que sólo en los primeros dos meses del año fue del 5%. A este ritmo para mitad de año se cumplió la pauta...
Siempre vamos a estar del mismo lado, cuidando la educación pública, exigiendo que se invierta en ellas, entendiendo que ni los trabajadores de la educación ni sus organizaciones gremiales son parte del problema, sino de la solución. Sabiendo que cuando se intenta cerrar una escuela se perjudica un pueblo, una ciudad, nada menos que a la sociedad. Y eso es inadmisible porque el derecho a la ciudadanía empieza accediendo al sistema educativo y además es ilógico y salvaje: no queremos un pueblo embrutecido, buscamos el desarrollo económico y la igualdad social, objetivos a los que sólo será posible acceder mediante un sistema educativo robusto y jerarquizado. Aunque Cambiemos nos quiera llevar a lo opuesto, seguiremos luchando todos los días para que la educación pública, gratuita y de calidad sea un derecho efectivo para todxs en nuestro país.
