El presidente Mauricio Macri firmó el decreto 683/2018, con fecha 23 de julio del corriente año, en el que se instala un paradigma que se suponía superado en nuestro país: el control del orden interno en materia de seguridad.
Argentina, después de la oscura experiencia genocida que atravesó durante la última dictadura, estableció un esquema democrático y de control político y civil, separando la seguridad interna de la defensa nacional. Este esquema está dado por la Ley de Defensa Nacional de 1988, la de Seguridad Interior de 1991, de Inteligencia Nacional de 2001 y el decreto reglamento 727 de 2006. Así se conformó una sólida base normativa, disponiendo expresamente que las Fuerzas Armadas tienen como rol principal la defensa contra agresiones externas de otros Estados, sin que deban intervenir en la seguridad interior.
Lamentablemente el reciente decreto firmado por el señor presidente de la Nación, abre una peligrosa puerta al determinar en uno de sus párrafos: "El ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad". Basada en “
nuevas amenazas” la doctrina oficialista modifica el artículo principal del decreto 727/06, para permitir que las tropas militares sean empleadas “
ante cualquier otra forma de agresión externa”, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, incorporando al espíritu doctrinario que primó durante nuestra democracia desde 1983 un nuevo actor, que ya no es un Estado únicamente.
En este aspecto resulta necesario señalar la resolución 3314 de Naciones Unidas, cuando indica: “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”, para luego enumerar siete situaciones sin que en ninguna se contemple actores que no sean Estados.
Reinstalar la doctrina del enemigo interno (“nuevas amenazas”, “narcotráfico”, “terrorismo”), no es más que lisa y llanamente un retroceso institucional que no podemos permitirnos, como sociedad democrática en pleno estado de derecho. Las Fuerzas Armadas no están para dedicarse a la seguridad interior del país, ya que desnaturaliza el propio ser de su existencia y nos convierte en un Estado desguarnecido ante cualquier ataque exterior.
La redefinición de políticas de seguridad y defensa merecen un debate de todo el arco político, como lo vino siendo hasta ahora. El señor presidente debería sortear la tentación del decretazo y generar el espacio de debate, si su política pública es discutir el rol de las Fuerzas Armadas, para seguir honrando nuestra novel democracia parida después de tanta sangre.
