A menos de una semana de la firma que la habilitó mediante un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la
extinción de dominio se volvió contra su impulsor:
la familia del presidente Mauricio Macri es la primera víctima de un pedido por recuperar bienes presuntamente adquiridos a través de hechos de corrupción, pero cuya causa aún no obtuvo condena penal.
Es que
los diputados nacionales del FPV-PJ Rodolfo Tailhade y Martín Doñate realizaron una presentación ante la Procuraduría General de la Nación, conducida por el cuestionado Eduardo Casal,
para solicitarle una audiencia “a efectos de presentarle información y documentación vinculada a la causa 415/2018" a efectos de que se "inicie el procedimiento de extinción de dominio para recuperar los USD 5 millones que embolsó hasta ahora Gianfranco Macri por el negociado con las concesiones de los parques eólicos".
Se trata de la investigación periodísticamente conocida como “parques eólicos”, y el propósito del trámite judicial iniciado por Tailhade y Doñate es “recuperar los cinco millones de dólares" que se quedó Gianfranco Macri fruto de esa operación sospechada de ser ilegal.
Los legisladores pidieron que se aplique la medida contra la familia de Macri, a la que vienen denunciando por presuntos negociados en la instalación de parques eólicos en la Provincia, que, aseguran, provocó un perjuicio al estado por 5 millones de dólares.
Según recordaron, en la última ampliación de la denuncia judicial Tailhade presentó documentación que acredita que
“el hermano del Presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de USD 5.000.000 de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente 70 millones de dólares”.
Los diputados consideraron que “se impone la apertura del procedimiento que establece el anexo I del DNU 62/19, en tanto se trata de una suma de dinero obtenida a partir de hechos que configuran claros delitos contra la administración pública”.
