La Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de financiamiento político que prohibe el apoyo de organizaciones gremiales y sindicales pero si amplía la dependencia de los partidos al capital empresarial que tendrá mayor ingerencia en la financiación de las campañas.
"Hoy los sindicatos parece que son los que separan las aguas en este consenso. Yo creo que si la patronal puede aportar también se debiera permitir que el sector del trabajo lo haga", expresó el misionero Maurice Closs durante el debate en el Senado. Finalmente por pedido del peronismo federal se trató este artículo pero la votación no fue favorable por lo que
se espera que haya fuertes cambios en Diputados.
La particularidad es que el hecho de "legalizar" un comportamiento que en la práctica supuestamente pasa solo porque los organismos de control no funcionan no viene a solucionar o a cristalizar el sistema político. Además el proyecto marca un 2% como límite a los aportes empresariales como si fuera una solución clave.
Esto es falso ya que
un tope porcentual no regula a las empresas ni la cantidad de aportantes por sector lo que llevaría a varias firmas con interéses comunes a jugar para un determinado espacio.
Asimismo el hecho de reducir el tiempo disponible para los partidos en medios audiovisuales con el argumento de achicar el tiempo de campaña no hace más que encarecer los presupuestos y depender todavía más de los aportes privados para alcanzar más audiencias fuera de los medios traidicionales.
Otros puntos importantes:
- Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.
- Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
- Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.
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