07.02.2020 / ENTREVISTA PA

Para Pietragalla, la penalización del negacionismo fomenta “la construcción de una democracia cada vez más consolidada”

El secretario de Derechos Humanos de la Nación celebró las declaraciones del presidente Alberto Fernández quien se comprometió a analizar una normativa que penaliza a aquellas personas que nieguen crímenes de Estado. El ex diputado del Frente de Todos había propuesto una iniciativa cuya condena por negar o minimizar el genocidio de la última dictadura estipula entre dos a dos años de prisión, siendo doble la pena en el que caso de que sean funcionarios públicos.

por Walter Sosa



En el marco de su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández se mostró afable en Francia ante el reclamo de los organismos de DDHH al comprometerse a analizar una medida que penalice a quienes nieguen los crímenes del terrorismo de Estado. La normativa sería similar a la aplicada en el país galo en 1990 para dimitir las posibilidades de desmentir al Holocausto.

En diálogo con Política Argentina, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, destacó el gesto del Presidente ya que la iniciativa sería parecida a la que propuso el año pasado como diputado del bloque FpV-PJ en la que bregó por perseguir penalmente a quienes nieguen, justifiquen o minimicen el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar.

“Los delitos de lesa humanidad son delitos cometidos contra todos los seres humanos. Entonces, dar lugar a las reivindicaciones de estos delitos es también dar la posibilidad de que esto vuelva a cometerse”, sostuvo Pietragalla al remarcar que aquellos que trabajan por la Memoria, Verdad y Justicia “ven con buenos ojos que quienes reivindiquen estas dictaduras donde se torturó personas, se violo mujeres, se tiraron personas al mar y se robaron bebés sean penalizados”.

Un dato sustancial es que el proyecto de Pietragalla tenía una correspondencia particular para aquellos que ejercan funciones públicas. “En el proyecto de ley que nosotros presentamos duplicábamos la pena de la cantidad de tiempo a lo que sea condenado por el delito que se haya cometido si uno tiene responsabilidades institucionales y políticas. La pena es para no ejercer el cargo público por el doble de tiempo a la condena”, remarcó.

“Los funcionarios somos producto de nuestra democracia. Entonces no podemos boicotearla”, remarcó.

La iniciativa de Alberto que busca asemejarse a otras como las de Alemania, Austria, Bélgica y la propia Francia “tiene que ver con la construcción de una democracia que cada vez se consolide más a través del tiempo”.

En la misma línea, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció que presentarán un proyecto contra el negacionismo. “En marzo de 2019 presentamos un anteproyecto de Ley para el fortalecimiento de la Memoria la Verdad y la Justicia, cuyo eje es la prevención del negacionismo y la impunidad. Sabemos que este año será fundamental para consolidar los mecanismo que contribuyan a este proceso”, remarcaron.