El gobierno de Alberto Fernández estableció hoy que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá "revisar" en no más de 60 días la "legalidad" de los procesos por los cuales el Estado nacional transfirió inmuebles a la ciudad de Buenos Aires entre diciembre del 2015 y diciembre 2019, durante la gestión de Cambiemos.
Asimismo, el Ejecutivo derogó una norma que facultaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a "dar en pago" bienes en desuso para "cancelar deudas y afrontar compromisos financieros" del Estado nacional con las provincias o la ciudad de Buenos Aires.
Las medidas quedaron establecidas en dos decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial: por un lado, el 145/2020, que derogó el inciso 23 del artículo 8 del decreto 1382 del 2012, incorporado por el artículo 5 del Decreto 740 del 2019; y por el otro, el Decreto 149/2020.
En los argumentos a la primera norma, se argumenta que "la afectación de bienes inmuebles al pago de obligaciones (...) desnaturaliza la función asignada a la Agencia (...) e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional".
En cuanto al decreto 149 estableció que la Agencia de Adminitración de Bienes del Estado debe "revisar en un plazo no mayor a 60 días la legalidad de los procesos que derivaron" en la cesión o transferencia de inmuebles del Estado Nacional a la ciudad, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019.
La semana pasada se reveló que el gobierno anterior habría avanzado con el traspaso de los terrenos ferroviarios de Palermo y Caballito en el marco del proyecto denominado Palermo Green. Desde la Sociedad del Estado Playas Ferroviarias habían advertido que era una maniobra que implicaba una serie de comportamientos "excepcionales" e ilegales. El caso complica al ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, quien avanzó con el traspaso cuando le habían advertido que era una maniobra prohibida por "el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno".
