21.12.2020 / Grave

La UIF investiga a EDENOR, EDELAP y EDEA por evasión fiscal y asociación ilícita

El Organismo encargado del control del lavado de activos y delitos complejos solicitó sumarse como querellante en una causa donde se analiza la responsabilidad de empresas eléctricas en maniobras con facturas apócrifas y por montos abultados. Allí está apuntado el empresario Marcelo Midlin, amigo de Macri y titular de Pampa Energía, dueña de Edenor.




  La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que se sigue a las compañías eléctricas EDENOR, EDELAP y EDEA y promover una investigación por lavado de activos con el fin de indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados, profundizando  la búsqueda respecto de bienes adquiridos con dinero ilícitamente obtenido.   La AFIP, a partir de una denuncia realizada en 2017 por Miriam Carignano usuaria de una de las compañías eléctricas, comenzó a evaluar la responsabilidad de tres grandes distribuidoras de energía en la emisión de facturas con sobreprecios. Las empresas involucradas, Edelap, Edea y Edenor, habrían realizado maniobras  espurias con el objeto de evadir o desviar ingresos entre 2015 y 2018. Las mismas son investigadas por haber contratado a un grupo de pymes para que bridaran servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y ejecución de obras, las cuales habrían emitido facturas con sobre abultadas o apócrifas, con supuestos fines de evasión o desvío de dinero ilegal.    Las dos primeras empresas prestan servicio en la provincia de Buenos Aires. Por su parte Edenor, la distribuidora más grande del país, tiene alcance nacional y forma parte del grupo Pampa Energía, cuyo titular es Marcelo Mindlin.    Según las estimaciones de la AFIP, la trama investigada ascendería a un total de ventas netas de $1.553.163.035, correspondientes a los años 2015 y 2016, respecto de la utilización de facturación electrónica aunque el perjuicio fiscal específico se encuentra aún indeterminado.    La UIF llegó a la conclusión de que son muchos los datos obtenidos que permitirían acreditar una importante evasión tributaria, el requerimiento de facturas apócrifas y el blanqueo de dinero. Todo lo cual facilitaría a las empresas usuarias, la evasión de los tributos correspondientes y la justificación contable de un egreso de fondos cuyo destino aún debe determinarse.    Por esa razón, en su presentación como parte querellante, el Organismo solicitó iniciar una investigación por lavado de activos y que se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de que se pesquise la exteriorización de bienes relacionados con el dinero ilícitamente obtenido.    Las actuaciones judiciales se tramitan en el expediente “G., V. E. y otros s/ defraudación e infracción a la ley 24.769” a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín Nº1 a cargo del Dr. Emiliano Canicoba