La Justicia del estado de Nuevo México volvió a golpear a Meta en una de las causas más importantes sobre seguridad infantil en redes sociales. El juez Bryan Biedscheid ordenó que la compañía pague otros US$ 567 millones, que se suman a los US$ 375 millones impuestos previamente, elevando la sanción total a US$ 942 millones, la mayor multa recibida por la empresa en un caso vinculado con la protección de menores.
La demanda había sido presentada en 2023 por la Fiscalía de Nuevo México, que acusó a la empresa de no impedir que niños y adolescentes fueran expuestos a contenido sexual explícito y al contacto con depredadores sexuales a través de Facebook e Instagram.
La Justicia comparó a Meta con una fábrica que contamina
En un fallo inédito, el juez sostuvo que Meta constituye un "perjuicio público" (public nuisance), una figura jurídica utilizada habitualmente para casos de contaminación o riesgos sanitarios que afectan a toda la comunidad.
Biedscheid comparó el funcionamiento de la empresa con el de una fábrica: mientras que la publicidad y el contenido son el producto que genera ganancias, el daño psicológico y la explotación sexual de menores representan la contaminación que produce esa actividad.
Según el magistrado, los efectos negativos de los algoritmos de recomendación no permanecen dentro de las plataformas, sino que terminan trasladándose a la sociedad, afectando a familias, escuelas, hospitales y fuerzas de seguridad.
La resolución marca un precedente, ya que sería la primera vez que un tribunal estadounidense considera a una empresa de redes sociales responsable de generar un perjuicio público de esta magnitud.
En qué utilizará el dinero el Estado
El fallo ordena crear un fondo destinado a reparar los daños ocasionados.
De los US$ 567 millones adicionales, US$ 420 millones deberán financiar tratamientos psicológicos y programas especializados para niños y adolescentes afectados por el uso de las plataformas.
El resto del dinero se destinará a campañas de prevención y capacitación para docentes, profesionales de la salud y otros actores que trabajan con menores.
Las nuevas obligaciones que deberá cumplir Meta
Además de la multa económica, el juez impuso una serie de medidas destinadas a limitar la interacción entre adultos y menores dentro de las plataformas.
Entre ellas figuran:
- impedir que cuentas de menores de 18 años sean recomendadas a adultos;
- prohibir que adultos puedan enviar mensajes a menores;
- bloquear completamente el envío y recepción de desnudos por parte de usuarios menores de edad;
- aplicar una política de expulsión inmediata para adultos involucrados en explotación sexual infantil;
- eliminar el contador de "Me gusta" para menores;
- desactivar las notificaciones automáticas entre las 22 y las 7, y también durante el horario escolar;
- establecer un límite obligatorio de 90 horas mensuales de uso acumulado entre Facebook e Instagram para menores de 18 años.
Meta apelará la decisión
La empresa rechazó el fallo y confirmó que apelará la sentencia.
En un comunicado, sostuvo que trabaja para mantener seguros a sus usuarios y que ha sido transparente respecto de las dificultades para detectar y eliminar contenidos dañinos y actores maliciosos.
Meta también afirmó que continuará defendiendo su política de protección de adolescentes y consideró que la resolución judicial "distorsiona los hechos".
Un precedente en medio de una creciente presión sobre las redes sociales
El caso llega en un contexto de creciente presión internacional sobre las grandes plataformas digitales por su impacto en la salud mental y la seguridad de niños y adolescentes.
Mientras algunos países avanzan hacia restricciones cada vez más severas - e incluso proponen prohibir el acceso de menores a las redes sociales -, en Estados Unidos la ofensiva judicial continúa. La próxima semana comenzará en California otro juicio contra Meta impulsado por casi tres decenas de fiscales generales estatales, quienes acusan a la empresa de violar leyes de protección de la privacidad infantil.
Aunque para una compañía que facturó US$ 61.000 millones solo entre abril y junio de este año la multa representa un impacto económico limitado, especialistas consideran que el verdadero alcance del fallo reside en el precedente legal que podría abrir la puerta a nuevas demandas y regulaciones contra las grandes empresas tecnológicas.