Las denuncias iniciadas por la Dirección de Migraciones a los 287 argentinos que incumplieron con la cuarentena al regresar de un viaje implican diferentes paquetes de sanciones según el juzgado que le toque a cada viajero. Desde ya que el imputado tendrá que designarse un abogado y se parte desde casos en que se le dicta la medida de prohibición de salida del país, a veces un embargo de unos 200.000 pesos y por lo general la sanción es una multa y/o una probation. Hay jueces que imponen multa de 3.000 pesos, otros de 9.000, 50.000, 70.000 y algunos que optan por obligar al acusado a ir a ayudar a un comedor comunitario varias veces por mes.
La titular de Migraciones,
Florencia Carignano, reveló el lunes que un estudio realizado por su área demostró que el 38% de los que regresaron al país no cumplieron con la cuarentena obligatoria. Hoy en día sólo están abiertos los aeropuertos de
Ezeiza, San Fernando y Aeroparque, de manera que los que vienen de viaje deben exhibir un PCR negativo antes de subir al avión y al llegar se les hace un test rápido de antígenos. Si este test da positivo, se los envía a un hotel donde deben cumplir la cuarentena hasta que un hisopado dé resultado negativo. En caso de que el test rápido da negativo pueden irse a su casa, pero deben cumplir con la cuarentena de una semana, porque pueden tener síntomas a los dos o tres días.
En esta línea
Migraciones dispuso de funcionarios para hacer una inspección a los domicilios, en ocho provincias, de los que llegaron del exterior. Esa inspección dio como resultado que el 38% no estaba en esos domicilios. Por tanto este martes, la Dirección de Migraciones, por orden del Ministerio del Interior, que conduce
Eduardo Wado De Pedro, se presentó en las distintas jurisdicciones y denunció a las 287 personas que no encontró en sus hogares.
A los viajeros se les imputó la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal. El primero de los artículos es por
“violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación y la introducción de una epidemia”. La pena prevista es de seis meses a dos años de prisión. El segundo artículo, el 239, es para quien desobedece a un funcionario que dicta órdenes legítimas comete delito más leve, prevé penas de 15 días a un año de prisión. En ambos casos, al ser penas bajas, son de ejecución condicional.
EJEMPLOS
En su caso, el juez de Lomas de Zamora. Federico Villena, tuvo que instruir el caso de Santiago Solans Portillo que vino de Miami con un PCR trucho y hasta tenía síntomas compatibles con covid.
El magistrado lo tuvo varios días preso en un hotel, le dictó la prohibición de salida del país y ordenó un embargo de 200.000 pesos. Estas últimas decisiones están apeladas en Cámara.
Por su parte, el juez de Campana, Adrián González Charvay, intervino en varios casos de personas circulando sin la autorización correspondiente o practicando deportes que estaban vedados. Aplicó
multas diversas, entre 3.000 y 9.000 pesos, una cifra accesible para quien viajó al exterior. Pero, en paralelo, ordenó una probation: por ejemplo, concurrir a pintar una escuela dos veces por semana durante cuatro meses.
La multa más alta que se conoce se le impuso a Luca Singerman, un joven del barrio de Belgrano, que viajó contagiado en Buquebus desde Colonia. En el caso intervino la fiscal Alejandra Mangano y se fijó un
resarcimiento de 500.000 pesos entregados al sistema de salud pública.
En todos los casos el ser denunciado implica tener que recurrir a un abogado, con el costo que eso supone, también concurrir a Tribunales a prestar declaración, exponerse a embargos, a prohibición de salida del país, a tener un antecedente penal y, como se ve, multas o probation. Claro que, si alguien tiene una pena de ejecución condicional anterior, puede terminar entre rejas tras incumplir con la cuarentena.
