El Poder Judicial tiene una agenda propia bastante cargada, como ha sido costumbre en los últimos años, y que otra vez lo tendrá como parte del centro de la escena electoral pese a las negociaciones constantes para bajar tensiones luego del papel de cazador que tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Así, con el final de la feria judicial este viernes 30, los judiciales se preparan para retomar funciones. La agenda no es nada sencilla, grandes tema de trazababilidad política e institucional tendrán la presencia judicial.
El primer punto es qué pasará con el tema que se llevó el foco en la feria: la causa de contrabando agravado a Bolivia para financiar al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y que tramita en el juzgado de Javier López Biscayart.
Más allá de la actividad en una causa impulsada por el Ministerio de Justicia, la AFIP y la Aduana,
está en el centro judicial el debut en la intervención de la Cámara en lo Penal Económico ante la cadena de apelaciones de Mauricio Macri para evitar la declaración de gendarmes en sede administrativa del Ministerio de Seguridad
. Si ese incidente es el primero en escalar, la Casación y luego la Corte serían las instancias siguientes.
Otros que quedaron bajo observación antes del inicia de la feria invernal fueron los miembros del
Tribunal Oral Federal número 8 que lleva adelante el pedido de nulidad de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga la firma del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán que jamás entró en vigencia y que fue reflotado por Bonadio a pedido de los camaristas visitantes de Macri, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Y con esto viene otro fundamental del segundo semestre: el Poder Judicial está buscando el equilibrio político luego de los años de Mauricio Macri.
Por eso se negocia entre telones el regreso de Ricardo Lorenzetti a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, algo que quedaría avalado por parte del resto de los miembros para correr del lugar a Carlos Rosenkrantz. En los pasillos de los tribunales se respira un clima de armonía luego de tiempos de guerra.
La CSJN también deberá tomar una decisión respecto al reparto de fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, uno de los ejes que usó Horacio Rodríguez Larreta para distanciarse del Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández en tiempos de diálogo fluido en el momento más angustiante de la pandemia.
Lejos de la contienda electoral,
Mauricio Macri debe seguir de cerca el frente judicial. Además de la causa contrabando agravado se suman tres puntos importantes para el expresidente: espionaje ilegal, Correo Argentino y la situación de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, su principal operador judicial que está prófugo en Uruguay.
A Rodríguez Simón se le vence el plazo para que la Comisión de Refugiados del Uruguay defina si es "un perseguido político". Así busca evadir a la Justicia argentina para dar respuesta sobre el armado de una asociación ilícita y hostigamiento al Grupo Indalo y sus accionistas.
Se deberían cumplimentar los 90 días de rigor para que esa justificación caiga y el pedido de extradición que disparó Servini comience a tener efecto para asegurar su comparecencia en el país. “Pepín”, para la Justicia argentina es rebelde y evitó una indagatoria por lo que se encuentra inhibido, embargado y con pedido de captura de Interpol.
Macri también tendrá los ojos
en el nuevo capítulo de la causa de espionaje ilegal iniciada en Lomas de Zamora y ya en manos de la Cámara Federal que deberá resolver los 28 procesamientos que dictó el juez Juan Pablo Augé. Además tendrá que definir si validan o no la falta de mérito para el actual precandidato a diputado y secretario privado de Macri, Darío Nieto.
También deberá dar lugar o no a la eventual utilización de las pruebas surgidas de su teléfono celular que había sido secuestrado al comienzo de la pesquisa por el juez de Lomas Federico Villena
. Los registros, pese al borrado, habían sido recuperados y comenzaron a nutrir de elementos probatorios otros expedientes. Nieto objeta que no pudo controlar la prueba y la justicia ya validó que el método de recuperación de esos elementos no es equivalente a un peritaje. Eso también deberá ser parte de una definición en las siguientes semanas.
Pero
la causa que más ruido le hace al expresidente que está fuera por el momento de las actividades de campaña es la del Correo Argentino. El primer procedimiento clave es la revisión de la declaración de quiebra de la jueza Marta Ciruli cuya decisión se encuentra en suspenso por la apelación presentada por la defenda de Macri.
En el medio la Sala B de la Cámara Comercial deberá cubrir la vacante que aún resta definir con una ercera jueza. Por su parte
se espera algún tipo de movimiento el expediente penal a cargo del juez Ariel Lijo, por el acuerdo ruinoso que se habría firmado a mediados de 2016 y que terminó siendo un delito denunciado por la fiscal Gabriela Boquín.
La declaración de quiebra recoge los principales conceptos de Boquín en cuanto a lo perjudicial que era ese acuerdo para el Estado, con Macri presidente y beneficiario por su familia, y además Lijo recibió un informe de la Dajudeco que ratifica que la presunta negociación que derivó en ese acuerdo de 2016 tenía una quita fabulosa de la deuda que Correo tiene con el Estado. Un panorama que podría no ofrecer claridad para Oscar Aguad (que logró estirar dos años su eventual procesamiento tras ser indagado) y que eventualmente podría escalar hacia Macri.
Por último también hay que ver que sucede con el tema de la causa "peajes" dónde se investigan sobreprecios y un aumento de capital de parte de una de las empresas beneficiadas por la concesión de las Autopistas del Sol, una empresa del grupo Macri que incrementó su valor financiero y que fue vendida con mucha oscuridad.
Hablando de oscurantismo, también está en la Justicia la presentación de la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia sobre el fideicomiso ciego de Mauricio y una supuesta malversación en los fondos durante su presidencia.
