En el marco del litigio por la coparticipación, el Gobierno nacional y el porteño no lograron un acuerdo en la audiencia de conciliación convocada para este jueves por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esta manera,
el máximo tribunal les dio un plazo de 30 días a las partes para que intenten arribar a una conciliación. Si transcurrido ese plazo no acuerdan la Corte resolverá la cautelar solicitada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El conflicto tiene como telón de fondo la transferencia de las funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y se inició con dos causas promovidas por el gobierno porteño en el año 2020 a raíz de la quita de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional.
Esto llevó al gobierno de la Ciudad a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces. El monto actualizado que la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta reclama que sea restituido por la Nación es de 120 mil millones de pesos. Además, el tribunal dispuso que informen semanalmente los avances de la negociación.
Por su parte,
el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero de ese año, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía la Ciudad de la masa de fondos coparticipables. Para el gobierno que encabeza Alberto Fernández ese porcentaje fue fijado de modo completamente arbitrario por la administración macrista.
Con la finalidad de posibilitar el arribo a una solución, la Corte Suprema llamó a las partes a la audiencia de conciliación que se celebró este jueves en el Palacio de Tribunales.
El ministro Eduardo "Wado" de Pedro como representante del Gobierno nacional llevó al encuentro informes que -según sostuvo- muestran que el presupuesto que el expresidente Mauricio Macri otorgó durante su gobierno a la Ciudad fue más del doble de lo que correspondía.
En su reclamo,
el gobierno porteño afirmó que a partir de 1994 la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo estatus jurídico -asimilable al de las provincias según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- circunstancia que impide que el Estado Nacional de manera unilateral modifique el porcentaje de coparticipación sin el acuerdo previo de CABA. Esto afectaría su autonomía -argumentó la administración porteña- generando una discriminación por parte del Estado Nacional respecto del resto de las provincias.
