11.05.2022 / La disputa y la sombra de la Corte
Con fuerte respaldo y datos de las provincias, Nación vuelve a reunirse con CABA por los fondos de la policía
Los gobiernos nacional y porteño se vuelven a encontrar por el amparo de Larreta ante la Corte por los fondos extra para la seguridad transferidos por Macri. El plazo vence hoy pero podría haber otra prórroga. Informe técnico del CFI dice que CABA quiere $7.000 millones de más. Contundente carta de gobernadores.
El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a realizar un encuentro hoy, al filo de la última extensión del plazo para llegar a un acuerdo que determinó la Corte Suprema, ante el amparo presentado por Horacio Rodríguez Larreta ante el máximo tribunal para intentar quedarse con los fondos extra para la seguridad que le había transferido Mauricio Macri y cuestiona el Frente de Todos y la mayoría de los gobernadores.
La fecha original vencía originalmente el 26 de abril, según dispuso en un primer término la Corte, pero poco antes de esa fecha ambas administraciones acordaron pedir una extensión de quince días hábiles. Vence hoy, por lo que a partir de lo que suceda en este nuevo encuentro, podría volver a prorrogarse el plazo.
Por Nación dialogaron y negociaron durante los últimos dos meses equipos encabezados por Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. Por la Ciudad, funcionarios conducidos por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.
La judicialización comenzó en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández anunció la quita de un 1,18 por ciento de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad para la Policía tras un aumento decretado por Macri. Luego, a través de una ley votada por el Congreso, se estableció que Nación debía abonarle ya no un porcentaje de la coparticipación sino una suma fija a la Ciudad, en concepto de la compensación por la transferencia de la seguridad.
UN INFORME TÉCNICO QUE HACE TAMBALEAR LOS NÚMEROS DE LARRETA
La Comisión Federal de Impuestos (CFI) presentó un trabajo que fijó el monto por la transferencia de la policía a la Ciudad de Buenos Aires en $11.000 millones. Se trata de $7.000 millones menos que los $18.000 millones que reclama el gobierno de Rodríguez Larreta.
El informe se conoció hace unos días y es avalado por nada más y nada menos que 21 provincias. Solamente se negaron la Ciudad - una de las partes en la disputa - y Mendoza (provincia gobernada por tal vez el sector más cercano al PRO de la UCR), Corrientes se ausentó y Nación - a diferencia de la gestión porteño - se abstuvo por ser parte del diferendo.
En el informe del CFI sostienen que "se evidencia que tanto la Contaduría General de la Nación como la Tesorería General de la Nación registran ingresos al Tesoro Nacional provenientes de la Ciudad, durante los ejercicios 2016 y 2017, por las sumas de $ 8350 millones y $ 3135 millones, respectivamente".
El relevamiento concluye que "el costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $ 11.486 millones, sin perjuicio de la correspondiente deflactación que pueda corresponder en los diferentes períodos".
En paralelo, el informe aportado por Nación durante las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad había arrojado un número similar, en poco más de $ 8000 millones, sin tener en cuenta el índice inflacionario contemplado por el informe de la CFI, lo que dejó en claro cifras similares.
Estos números, proyectados al 2021, marcaron también contradicciones, dado que la Ciudad reclama $112.000 millones, mientras que las provincias avalaron con su informe técnico un monto de $43.000 millones. El monto referenciado no contiene compensación alguna por la transferencia de bienes acordada en los convenios.
SOLICITADA DE LOS GOBERNADORES CON MENSAJE PARA LA CORTE
Gobernadores de 17 provincias se encontraron anoche en la sede del CFI y consensuaron un texto en formato de solicitada titulado "El federalismo no se negocia" que tiene como principal destinataria a la Corte Suprema, en el marco de la antesala de la reunión de hoy entre Nación y Provincia y la posibilidad de que el conflicto deba ser dirimido finalmente por el máximo tribunal.
En un texto con sólidos argumentos económicos y de derecho, los mandatarios provinciales solicitaron además ser aceptados como “amicus curiae” de la Corte. Según señaló Axel Kicillof, uno de los firmantes, el presidente Alberto Fernández también participó de las conversaciones desde Europa, donde se encuentra actualmente realizando una visita oficial.
“Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”, inicia la solicitada.
17 Gobernadores emitimos este documento:
— Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) May 11, 2022
“ EL FEDERALISMO NO SE NEGOCIA”. pic.twitter.com/GPxVdeMiJH
Además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, firmaron también los mandatarios de Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe. No suscribieron la solicitada ni participaron de las negociaciones los gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés), el cordobés Juan Schiaretti, Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).
Los mandatarios de las provincias señalaron que observan "con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes" y remarcaron que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.
Junto a los gobernadores de Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca, La Rioja, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, Tucumán y San Juan manifestamos nuestra preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia.
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) May 11, 2022
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes. Cuando se sanciona la ley 23548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional", precisaron los gobernadores en un fragmento muy nutrido de argumentos.
Y siguen: "Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%. Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”.
La solicitada fue difundida a las 9 por las cuentas oficiales de los gobernadores firmantes horas antes de la última reunión formal que se realizará en el Palacio de Tribunales para buscar una salida consensuada entre los gobiernos porteños y nacional. Si no hay acuerdo, el máximo tribunal quedará en condiciones de emitir una sentencia o podría pedirse otra prórroga.
“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, aseguraron los gobernadores aliados a la Casa Rosada.
Y completaron: “Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
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