El Estado argentino reconoció el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por las violaciones “al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado a la AMIA de 1994 y deberá pagar una indemnización.
La coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia,
Natalia D’Alessandro afirmó, al cerrar la jornada de audiencias ante la Corte, que “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de
encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”.
Al repecto, consideró que pagarle 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín para que acusara falsamente a un grupo de policías por el ataque a la mutual judía fue “
la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”.
Los cuatro funcionarios de la cartera que conduce Martín Soria señalaron que el Estado de aquel momento fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuadas para la AMIA y que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían. Además admitió que la SIDE no hizo nada con la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA.
“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso. Por la ocupación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables de estas actuaciones, por el secreto, el encubrimiento de la verdad, por la utilización política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros”, afirmó D´alessandro.
Luego de lamentar los hechos y destacar la coherencia ética de Memoria Activa, Asociación Civil de familiares que luchan por la verdad y justicia en la causa, desde el Ministerio de Justicia remarcaron que el atentado es un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, los responsables del ataque y sus encubridores “no pueden escudarse en la prescripción”.
Frente a la toma de responsabilidades,
la Corte Interamericana dictará una condena contra Argentina en los próximos meses que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA; al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica, que incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados que requirió Memoria Activa y el CELS, que suman unos
700.000 dólares. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.
