Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Transporte, Alexis Guerrera, mantienen un nuevo encuentro con los líderes la UGATT, un gremio que nuclea sectores de transportistas, con el objetivo de desactivar el paro 24 horas que pautaron para mañana martes.
Desde la UGATT, que tiene como referentes a
Omar Maturano (La Fraternidad) y al camionero santafesino
Sergio Aladio, reclaman un bono de $50.000 para jubilados y pensionados de todo el país. En esete marco, la reunión de esta tarde se presenta clave, puesto que discuten un acuerdo ante las amenazas de paro que vienen consignando desde hace varias semanas y ante el inminente paro de mañana.
Massa y Guerra buscan desactivar el paro general previsto para este martes 8 de noviembre en reclamo de un bono de $50.000 para los jubilados. "Nos recibieron y no nos dieron una solución a lo que veníamos planteando que es un bono de $50.000 para diciembre, para los compañeros jubilados y pensionados, y nos dijeron que el día lunes se juntarán con la directora del ANSES (Fernanda Raverta) y que a la tarde del mismo día nos darán una respuesta", dijo Maturano tras un cónclave del viernes pasado.
“En principio encontramos buen eco a la propuesta por parte de los funcionarios nacionales. Sin embargo, los trabajadores del transporte público y camioneros de distintas provincias hemos resuelto mantener el estado de alerta hasta tanto se efectivice el compromiso", resaltó Aladio, otro de los referentes de la UGATT que participó del encuentro.
Asimismo, Aladio consignó que "de no mediar una solución a este reclamo, el próximo martes 8 de noviembre comenzará un paro de transporte que afectará al 80% de las actividades”.
La UGATT emitió un comunicado días atrás en el que apuntó: “Los trabajadores y trabajadoras del transporte tenemos bien en claro que nunca abandonaremos a los que nos hicieron quién somos, a los que nos dieron la vida y los valores con los que luchamos para vivir dignamente, y aspirar a una comunidad más justa para todos", expresaron.
El paro nacional masivo, en caso de concretarse, afectaría al 80% de las actividades del transporte público. Entre ellas colectivos, trenes, remises, camiones, recolectores, controladores aéreos y todos los puertos del país.