15.11.2022 / DENUNCIA
Denuncia: El detalle de las irregularidades detectadas en receptores del Potenciar Trabajo
El fiscal Marijuan realizó una denuncia en Comodoro Py y le tocó por sorteo al juez Daniel Rafecas con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. La denuncia se basa en datos no corroborados sobre la "fortuna personal" y la compra de dólares de más de 250 mil empadronados en planes para desempleados.
Tras el ruido que provocó la difusión de un informe con supuestos desvíos, no chequeados, en la asignación de planes sociales para desempleados, el fiscal Guillermo Marijuan amenazó este lunes con pedir la suspensión del Programa Potenciar Trabajo y reclamar el reempadronamiento de los beneficiarios.
Los supuestos datos de las irregularidades que presentaban una significativa cantidad de beneficiarios de planes sociales fueron atribuidos a un informe de la AFIP. A partir aquello, el fiscal Guillermo Marijuan le solicitó al Ministerio de Desarrollo Social el listado completo de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Este lunes, Marijuan decidió dar un paso más: realizó una denuncia por defraudación contra la administración pública a los beneficiarios de planes sociales involucrados en dichas irregularidades.
Marijuan reconoció que recién después de analizar ese informe, podría determinar si corresponde pedir la suspensión del beneficio. Sin embargo, anticipó que, con la investigación ya iniciada, se deberá suspender el pago del beneficio a quienes están denunciados por dichas irregularidades. "No se puede estigmatizar así a todos los que reciben un plan, poniéndolos bajo sospecha de haber trampeado los datos para acceder", manifestó una fuente oficial con respecto a los dichos de Marijuan. "Tampoco se puede esperar que el Ministerio le saque el beneficio a más de un cuarto de los beneficiarios por datos que trascendieron y que, por lo menos, presentan muchas inconsistencias", agregó.
Uno de los datos atribuidos a la AFIP, que serían parte de un informe solicitado en octubre por Juan Zabaleta, ex titular de Desarrollo Social, es que 253.184 personas beneficiarias del Programa Potenciar Trabajo tienen presentada declaración jurada en Bienes Personales. "Hay 1,1 millón de personas que declaran en Bienes Personales, ¿alguien puede creer que sea posible que la cuarta parte de esos contribuyentes perciban un plan social?", señaló una fuente de Desarrollo Social.
LA DENUNCIA
- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales,
- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.
- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
- 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.
- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.
- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.
- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.
- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
Fue ante esas irregularidades que el fiscal hizo la denuncia y además pidió la suspensión del cobro de los planes. Al mismo tiempo que, Marijuán solicitó que se realicen medidas de prueba:
-”Se recabe de la Administración Federal de Ingresos Públicos el informe reservado original y completo, que fuera encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social y que diera cuenta de las irregularidades mencionadas en la presente, junto con la nómina de contribuyentes que surge de aquel relevamiento. Para este último requisito, es decir, los datos específicos de cada ciudadano, deberá relevarse del secreto fiscal a la AFIP para cumplir con dicha medida”.
-”Se solicite al Ministerio de Desarrollo Social la remisión de las actuaciones administrativas labradas en consecuencia del relevamiento efectuado por la AFIP”.
-”Se solicite al Banco Central de la República Argentina que informe: a) respecto del Plan Potenciar Trabajo, cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero. b) qué medidas han adoptado por parte de esa institución para evitar situaciones como la presente, es decir, la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales puedan acceder a la adquisición de divisas a través de una institución bancaria”.
-”Se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP”.
-”Se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia”.
El caso le tocó por sorteo al juez Daniel Rafecas con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Antes del fin de semana, ya hubo una primera reunión de equipos técnicos de la AFIP y de desarrollo Social, tratando de despejar las dudas sobre la veracidad de las conclusiones que se sacaron sobre los datos que tomaron estado público. "Hay muchas discrepancias con los datos que se le atribuyen al informe de AFIP, seguramente hay casos de irregularidades pero muy lejos de las cifras que se están publicando", indicó una fuente ministerial.
Otro ex ministro del área, Daniel Arroyo, respaldó las medidas que se tomaron desde el Ministerio de Desarrollo Social para realizar un análisis de los planes sociales. “Se debe hacer una revisión muy clara en cada caso puntual y el entrecruzamiento de datos tiene que dejar afuera a quien no le corresponda ser parte del programa”, consideró. “Hay que ser muy prudentes en el manejo de la información", recomendó.
“Para ingresar al Potenciar Trabajo, las personas deben anotarse en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Y luego esos datos se entecruzan con la base nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) y allí se excluyen a las personas que tengan bienes, patrimonio o trabajo formal. Por otro lado, se llevan adelante auditorías de la contraprestación que deben realizar quienes integran el programa”, repasó Arroyo.
Con relación a los casos de compra de dólares, señaló que “hay una normativa muy clara que regula a los planes sociales y el Banco Central tiene un mecanismo que impide a los bancos ofrecer acceso directo al dólar ahorro a quienes forman parte de programas sociales y también a los funcionarios públicos”.
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