La Cámara de Diputados buscará debatir este miércoles un proyecto del Ejecutivo para reformar la Ley de prevención y persecución de lavado de activos, que recibió dictamen este martes en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la cámara baja.
La iniciativa cuenta con el apoyo tanto del Frente de Todos como del PRO y es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para que la Argentina se adecúe a los estándares internacionales. En tanto, la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal anticiparon que no firmarían ese despacho y confluyeron en un dictamen de minoría propio.
La sesión especial fue convocada para las 11 por el bloque oficialista que preside Germán Martínez. Allí se discutirán además otras iniciativas que cuentan con consenso de todos los bloques, entre las que se encuentran la autorización para la entrada y salida de tropas militares argentinas y extranjeras para realizar ejercicios conjuntos, entre otras cuestiones.
El texto, presentado por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado, tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales. Entre otras cuestiones que se incorporaron al proyecto original, se acordó aumentar el monto de la condición objetiva de punibilidad de $300.000 a $8.600.000 y se estableció implementar como unidad de medida el Salario Mínimo Vital y Móvil a los fines de su actualización periódica, a la vez que se incorpora la pena de multa y se suprime pena de prisión.
Asimismo, el texto incorpora el concepto de operación inusual y sospechosa, de conformidad con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF.
PUNTOS PRINCIPALES
La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del GAFI, y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad. La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables. Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
También, según el oficialismo, el proyecto es de vital importancia para atender la problemática de la narcocriminalidad, procedente del lavado de activos, a partir de la creación del Registro Público de Beneficiarios Finales, para conocer quiénes se encuentran detrás de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS).
LA APROBACIÓN DEL PROYECTO
El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, advirtió que "hay sectores de la oposición que quieren impedir" que se apruebe el proyecto, que es "clave para combatir el financiamiento del delito narco". "Que no se apruebe sería una pésima noticia para Santa Fe y Rosario. Cada vez hay más reportes de operaciones sospechosas de lavado a través de activos virtuales (criptomonedas). Por eso, los proveedores de servicios activos virtuales tienen que ser sujetos obligados y la Comisión Nacional de Valores los debe registrar y controlar", añadió.
El santafesino, lamentó: "Cuesta entender que muchos que se llenaron la boca diciendo que querían ayudar a combatir el delito narco ahora busquen obstaculizar una ley que pretende impedir el lavado de dinero. Esperemos que cambien de postura y ayuden a mejorar una realidad que nos duele".
Hasta última hora de este martes, las autoridades del bloque oficialista confiaban en que parte de la oposición acompañaría la sanción del proyecto que figura en el temario de la sesión especial prevista para mañana a las 11. De hecho, por la mañana el PRO acompañó -con disidencias parciales- la firma del dictamen impulsado por el oficialismo en el plenario de comisiones que avaló la iniciativa del Poder Ejecutivo. En esa reunión, la Coalición Cívica, Evolución Radical y algunos radicales se diferenciaron de la posición de sus socios republicanos y firmaron otro dictamen en sintonía con el interbloque Federal.
Por la tarde se sucedieron una serie de reuniones internas y entre los diferentes bloques que integran Juntos por el Cambio, y se comenzó a esbozar la idea de unificar una postura. Los jefes de los 11 espacios que integran el interbloque Juntos por el Cambio quedaron en coordinar en las próximas horas una estrategia en común, más allá de que hayan firmado diferentes dictámenes. "No les garantizamos nada", fue la última respuesta de los líderes de Juntos por el Cambio a las autoridades del bloque del Frente de Todos y el consecuente disparador de las expresiones de Martínez.
