A pesar de los altos sueldos del sector, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió al gobierno nacional “una urgente respuesta” al pedido de envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5% que se estableció dese mayo.
Los cuatro jueces del máximo tribunal,
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, le plantearon al jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, compañero en la fórmula presidencial con el ministro de Economía, Sergio Massa, que l
a falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de reiterar el pedido formulado en la nota del pasado 29 de agosto mediante la cual se le solicitó las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 1° de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación como parte de la política salarial del corriente año”, señala el oficio que el máximo tribunal le envió a Rossi.
En su reclamo al gobierno, la Corte resaltó que
“la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las
remuneraciones de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional) y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”. Y reclamaron “una urgente respuesta al pedido realizado”.
Ante la falta de respuestas el miércoles el gremio de empleados judiciales que conduce
Julio Piumato tome medidas realizó un paro de 24 horas. La decisión del gremio es “ante el retraso de la Jefatura de Gabinete que demora lo acordado entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional para el tercer tramo de recomposición salarial 2023″.
Sin embargo, hoy un juez de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación cobra, aproximadamente, entre 3 y 3,5 millones de pesos por mes. El monto publicado en la página de la Corte revela una cifra de dos millones de pesos mensuales, pero, como consignó el Cenital a este número debe agregársele un 2% de antigüedad contada desde el ingreso del juez al Poder Judicial o desde la obtención de su título de abogado, más otros adicionales y algunos descuentos que varían según el caso.
Los jueces de la Cámara de Casación, o de cámaras de apelaciones federales o nacionales, cobran un monto levemente menor: como estimativo, entre 2,8 millones y 3,3 millones de pesos. Los jueces de primera instancia oscilan entre los 2,5 millones y los 3 millones de pesos. En total, hay poco más de mil cargos judiciales nacionales y federales creados, aunque un porcentaje significativo está vacante, por lo que podemos estimar que hay cerca de 700 jueces, entre federales y nacionales.
Estos salarios están muy por encima del de funcionarios públicos de los otros dos poderes del Estado. Todo este grupo de jueces cobra entre dos y tres veces más que el Presidente y entre cuatro y cinco veces más que un senador nacional. Más importante todavía, estos sueldos son entre 30 y 40 veces mayores que el salario mínimo. Estos jueces cobran entre 11 y 40 veces más que un docente con jornada completa (según la provincia), cerca de diez veces más que el salario de un comisario federal y, más en general, sus sueldos son cerca de 30 veces mayores que el ingreso promedio de un trabajador registrado.
A todo eso se suma que
los cargos son vitalicios y otro que la mayoría de los judiciales no pagan impuesto a las ganancias. Sólo pagan quienes ocupan sus cargos desde 2017, a partir de una ley sancionada en 2016. La gran mayoría de los magistrados y, especialmente, de los funcionarios y empleados trabaja desde mucho antes en el Poder Judicial.
LA CORTE RECLAMA UN AUMENTO A PESAR DE QUE ROSATTI CUESTIONA LA EMISIÓN DESCONTROLADA
A fines de mayo el presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, había cuestionado al Gobierno por la emisión monetaria.
"En el artículo 75 inciso 19, la Constitución manda a defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria. Eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el valor de la Constitución que está sobre todos nosotros", había sostenido en su discurso de AmCham Summit 2023.
